El consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, ha eludido hoy en el pleno de las Cortes valorar la reforma de la ley del aborto, ya que la opinión de cada uno es "única y particular", pero ha subrayado que como miembro del Gobierno tiene que defender la postura que éste tiene sobre la cuestión.

En ese sentido, ha recordado que al menos en una ocasión la presidenta del Gobierno, Luisa Fernanda Rudi, ha manifestado en las Cortes la postura del Ejecutivo respecto de la reforma de la ley del aborto, concretamente, en respuesta a una pregunta de CHA.

En esa ocasión, el portavoz de CHA, José Luis Soro, preguntó a Ridi por qué piensa que el aborto no es un derecho de la mujer y la presidenta indicó que entiende que la interrupción del embarazo no afecta sólo a la mujer, sino a otra parte más débil, a la vida del no nacido, que constituye también un "bien jurídico" protegido por la Constitución.

Oliván ha comparecido en el Pleno a petición de CHA e IU para explicar qué posición mantuvo en el último Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud en el que se trató un informe, a petición del Ministerio de Justicia, sobre el impacto en la normativa sanitaria de la reforma y si allí defendió, ha dicho la diputada de Chunta Carmen Martínez, los derechos de las aragonesas o actuó con "sumisión, una vez más".

En su intervención, Martínez ha criticado que ningún miembro del Gobierno haya subido a la tribuna para explicar su posición respecto de una reforma que en su opinión "no toca", que rechaza la mayoría de la ciudadanía y que cercena el derecho de las mujeres "duramente conseguido" de decidir libremente sobre su maternidad.

Además, ha estimado que esta reforma se está llevando "de tapadillo", sin que aún se sepa si se aprobará en el Consejo de Ministros el próximo viernes para que se tramite en el Congreso en verano.

Por su parte, la portavoz de IU, Patricia Luquin, ha tachado de "vergonzante" que Oliván no haya comparecido a petición propia para exponer la posición del Gobierno en aquel consejo y ha subrayado que tiene la sensación de que fue a defender los intereses de una minoría social, ya que el 86 por ciento de la ciudadanía está a favor del derecho a decidir libremente sobre el aborto y el 81 por ciento cree que la reforma es innecesaria.

En ese sentido, ha acusado al PP de legislar para unos intereses y convicciones morales y religiosos y que niega al 50 por ciento de la población el derecho a decidir sobre su maternidad de forma libre y responsable, ya que el 97 por ciento de los abortos actuales quedarían fuera con la reforma.

Para Luquin, supone un "ataque sin precedentes" a los derechos de la mujer, al pasar de una ley de plazos a una de supuestos en contra de lo que establecido en 21 de 28 países de la UE porque está demostrado, ha dicho, que las mujeres no dejan de abortar por tener leyes restrictivas, sino que lo hacen en peores condiciones.

Oliván ha respondido, respecto a su postura en el consejo, que el orden del día incluía un informe técnico sobre la incidencia que la reforma puede tener en distintas normas sanitarias pero no un debate de la reforma en sí misma que sí propiciaron, ha agregado, algunas comunidades "interesadamente".

Ha apuntado, por otra parte, que las normas hay que aplicarlas, le gusten o no a uno, y ha remarcado que en este caso se trata de un anteproyecto de ley y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho al menos en dos ocasiones que se modificará lo necesario para alcanzar el máximo consenso.

Además, ha recordado, respecto a que se esté impulsa "de tapadillo", que la modificación de la ley formaba parte del programa con el que el PP ganó las elecciones.