El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha reconocido hoy que la integración laboral de los trabajadores del Consorcio Aragonés de Alta Resolución (Casar) en el Salud es "muy difícil" porque ésta tiene que ser "justa" y tener encaje legal.

Así lo ha asegurado hoy en el Pleno de las Cortes, en respuesta a una petición de comparecencia de la diputada de CHA Carmen Martínez, quien se ha interesado por cómo se está desarrollando el proceso de integración en el Salud de los cuatro centros que conforman el Casar (Hospital de Alta Resolución del Pirineo en Jaca y los Centros de Alta Resolución de Ejea, Tarazona y Fraga).

El consejero ha precisado que la decisión de integrar en el Salud los centros del Casar se tomó en 2011 después de comprobar que no habían cumplido los objetivos por los que se creó el consorcio.

Éstos eran propiciar el desarrollo de una red comarcal asistencial innovadora en su gestión, lograr mayor flexibilidad económica, laboral y organizativa y dar mejor servicio a los 30.000 aragoneses que tenían como población de referencia.

Según Oliván, los centros tenían baja ocupación por la escasa complejidad quirúrgica de las operaciones que podían realizar, y por eso el Gobierno de Aragón estudió la situación con el objetivo de integrar los centros en el Salud, con cuatro vertientes, de las que la laboral es la más complicada.

Ésta afectaría a 467 trabajadores que tienen hasta doce modalidades de contrato laboral diferentes, y por eso se está negociando con la Dirección General de Función Pública para buscar una "solución justa" para todos ellos, algo que es "fácil de decir pero difícil de realizar".

El consejero ha asegurado que se va a tomar el tiempo que sea necesario hasta tomar una decisión definitiva para la integración del personal de estos centros que, ha asegurado, van a mantener la misma cartera de servicios que tenían hasta ahora.

La diputada de CHA Carmen Martínez ha dicho, por su parte, que la baja actividad de los centros se debe a su mala gestión, algo que es "desalentador".

Patricia Luquin (IU) ha apuntado que falta información y transparencia sobre el proceso, y ha dudado de que se necesiten tres años para culminar la integración cuando la decisión política se tomó en 2010, lo que significa que ésta no estuvo bien planificada.

El socialista Eduardo Alonso ha defendido por su parte los beneficios que ha tenido el consorcio para los habitantes de las cuatro comarcas en las que se ubican los centros de alta resolución, que mejoraron la calidad asistencial "con un coste muy asumible".

Por el PAR, Antonio Ruspira ha indicado que la decisión sobre la integración laboral "no se puede dilatar más" y ha instado al consejero a que se siente a negociar con la Dirección General de Función Pública y a que no se levanten de la mesa hasta que se llegue a un acuerdo.