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Olona asegura que el trasvase en Cataluña atenta contra Aragón y su Estatuto

 

EFE
21/03/2017

El consejero aragonés de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha insistido hoy en que el Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña no incluye una concesión sino un trasvase del Ebro a otra cuenca y en que lesiona los intereses de Aragón e incumple su Estatuto de Autonomía.

En una rueda de prensa ofrecida por el consejero para explicar el voto particular emitido por él mismo en el Consejo Nacional del Agua que aprobó este plan catalán el pasado 16 de marzo, ha anunciado que Aragón iniciará todas las acciones jurídicas pertinentes para defender los intereses de la Comunidad y de la cuenca del Ebro, así como el cumplimiento del Estatuto.

Así, ha recurrido el Decreto 1/2017 de la Generalitat de Catalunya en el que se daba por aprobado y publicado el plan antes de someterlo al Consejo Nacional del Agua, votó en contra del mismo en dicho consejo y acudirá también a los tribunales tan pronto como el Gobierno catalán saque adelante un nuevo real decreto que reproduzca el contenido aprobado y si la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) autoriza al Ejecutivo presidido por Carles Puigdemont a llevar a cabo el plan.

Del mismo modo, ha exigido explicaciones tanto a la CHE como al Ministerio de Agricultura, de quienes esperaba un "comportamiento diferente" y de quienes espera una rectificación.

En este sentido, Olona ha considerado también que sería "absurdo" decir que lo ocurrido con este plan "no tiene nada que ver" con el actual contexto político en Cataluña y sus relaciones con el Estado.

En el voto particular, el Ejecutivo aragonés adujo que el plan catalán planifica sobre recursos hídricos provenientes de otras cuencas, ya que contempla cubrir el déficit estructural del sistema Ter-Llobregat mediante aportaciones externas de 2 a 6 metros cúbicos por segundo y en el propio consejo se afirmó como "posible" un trasvase desde el Ebro.

Esto es, a su juicio, un escenario "completamente nuevo" y se trata de "palabras mayores".

Ha justificado también su rechazo en que la propuesta catalana de abastecer al área metropolitana de Barcelona desde el río Segre a través del Canal Segarra Garrigues viene definida por el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat como "una política del agua con visión de país", por lo que el escenario no es ahora el de satisfacer unas necesidades puntuales.

Ante ello, desde la CHE se explicó que la concesión no estaba todavía decidida, lo que no ha hecho sino aumentar la "preocupación" en la parte aragonesa porque Olona subraya que se trata de un "trasvase" y no de una concesión, y que le sorprende que el organismo autónomo la esté estudiando para unos territorios ajenos a la cuenca.

Desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad también argumentan que la autorización que se otorgó en 2010 para transferir caudales procedentes del Canal Segarra Garrigues a otras zonas de Cataluña era "temporal y transitoria" y conforme a una situación "de emergencia" y de condiciones hidrológicas "extremas" que hoy no son aplicables y, por tanto, entienden que está "caducada".

Del mismo modo, el consejero ha considerado que se vulnera el Estatuto de Autonomía aragonés en tres artículos: el 19, que obliga a las autoridades a "velar especialmente para evitar transferencias de aguas"; el 72.3, que estipula que cualquier trasvase que afecte a Aragón debe contar con un informe previo y preceptivo, que no se les ha solicitado; y el 88, que establece que las relaciones con el Estado se deben producir de acuerdo a la lealtad, la coordinación y la ayuda mutua, situación que cree que no se está dando actualmente.

Ha recordado que se trata de una Ley Orgánica que "no solo nos obliga a los aragoneses", sino a todo el Estado español.

No ha dudado, sin embargo, de que el Gobierno contará con el respaldo de las Cortes de Aragón en este asunto.

Por otro lado, ha hablado también de que lo que se propone son obras "multimillonarias" que son rechazadas por los propios regantes, contrarios por los "elevados" costes que genera el sistema concesional, que ha generado también "escándalos de presunta corrupción" que han afectado a la antigua CDC.

Asimismo, ha considerado que para que se pudiera incluir este trasvase se tendría que aprobar un Plan Hidrológico Nacional y, como mínimo, facilitar la información necesaria, que ha denunciado que no ha sido aportada por los gobiernos ni de Madrid ni de Barcelona.

Olona, quien votó en contra de este proyecto en el Consejo Nacional del Agua junto a cuatro representantes de asociaciones ambientalistas, ha señalado que no ha mantenido ningún contacto por el momento con representantes de otras comunidades autónomas ni tiene prevista una reunión con la ministra Isabel García Tejerina.

No obstante, ha explicado que Cataluña sí manifestó la preocupación por que el Gobierno de Aragón recurriera el decreto.

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