El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, trasladó ayer al pleno de la Comisión del Agua el «compromiso adquirido» en esta legislatura de ejecutar las depuradoras del Pirineo con el nuevo plan financiero aprobado el pasado diciembre.
El dirigente socialista recordó que este ha sido «uno de los hitos importantes» de la legislatura porque ha premitido «la recuperación de la gestión pública del saneamiento y depuración del agua». Olona recordó que la DGA anuló los contratos que estaban en licitación con el objetivo de recuperar la gestión pública y resolvió los «cuatro contratos concesionales del Pirineo, que además estaban paralizados y bloqueaban la situación».
El Ejecutivo defiende que el cambio de rumbo ha sido total. «En estos momentos está absolutamente enfocada la gestión pública y ha habido numerosas e importantes actuaciones en materia de saneamiento y depuración, muchas depuradoras ya finalizadas o en fase avanzada, como la de Utebo», destacó.
Por otro lado, ante la polémica por el saneamiento y depuración de las aguas que llevó a las Cortes a abrir una comisión de investigación, Olona insistió en una cuestión que, a su juicio, es «relevante» para todo el conjunto. «Aragón no es responsable de las sanciones de la Unión Europea impuestas a España por incumplimiento en esta materia, al contrario, la comunidad tiene un alto cumplimiento de estas directrices».
De hecho, añadió que el 96% de las poblaciones aragonesas con más de 2.000 habitantes tienen cubierta la depuración de sus aguas, un porcentaje superior a la media española que se sitúa en torno al 84%. «Dicho esto, tenemos un gran reto importante porque nos falta hacer lo más difícil», precisó en relación a los municipios más pequeños.
El Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) fue otro de los asuntos del orden del día, aunque Olona reconoció que no se puede aportar más de lo reiterado en los últimos meses. La reforma prometida llegará la próxima legislatura.
