La Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, compuesta por 52 ong de la región, ha presentado hoy las conclusiones de sus jornadas 'El Aragón que queremos', donde piden una subida de la presión fiscal para poder invertir más en políticas sociales.

Esta red celebra desde ayer, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la sexta edición de sus jornadas en las que reflexionan sobre el camino que deben seguir a partir de ahora en este terreno las administraciones públicas.

En representación de la red, su presidente, el director de la Fundación La Caridad, Daniel Gimeno, y la directora de la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI), Marisa Esteve, han presentado a los medios de comunicación las conclusiones de las jornadas.

Las principales parten de la convicción de que en términos económicos España ha salido de la crisis, sin embargo, no se ha recuperado el nivel de empleo de antes de la recesión, con tasas que "siguen siendo preocupantes y una evolución de la vulnerabilidad económica inquietante".

"España es un país con mayor desigualdad en el reparto de renta y riqueza que antes de la crisis", ha manifestado el presidente de la plataforma, quien ha abogado por medidas como un aumento del porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a combatir la pobreza o la implantación de una renta básica.

Respecto al trabajo, los representantes de la red han evidenciado que disponer de un empleo ya no es sinónimo de integración, por lo que han aportado en sus conclusiones medidas para promover el empleo estable y de calidad.

Y han destacado también el papel de los sistemas educativos "para romper la brecha que hace que la pobreza se herede".

"El impacto económico en el tema educativo, el acceso a la educación y la financiación de las familias es algo que ayuda a acabar con esta brecha", ha manifestado la directora de AREI.

En este sentido, han propuesto políticas sociales básicas que pueden pasar por la ayuda por hijo, la mejora a la financiación de los sistemas educativos o al acceso a la salud para "intentar que la igualdad de oportunidades sea real".

En cualquier caso, han dejado claro que todo ello es una responsabilidad de las administraciones públicas, no de las familias ni de entidades privadas como las ong.

Respecto a la vivienda para uso social, han remarcado que en España se cuenta con un 2,5 % de casas para este fin frente al 17 % de Francia o el 30% de Países Bajos, por lo que las cifras en nuestro país resultan "insuficientes".

Esta cuestión, junto al incremento que han experimentado los precios de alquiler y de compra de segunda mano, hace que las personas en situación de vulnerabilidad no puedan acceder a una vivienda en condiciones dignas.

Y como medida básica, han propuesto aumentar el porcentaje del PIB que se destina a la lucha contra la pobreza y a la exclusión, que han situado en un 0,2-0,4 % en España, unas cifras "perfectamente trasladables a Aragón".

"Mejorando la situación de las personas vulnerables se mejora la situación económica: aumenta el consumo y las dos terceras partes del PIB vienen del consumo privado", ha matizado el presidente de la plataforma aragonesa.