La denominada operación baldosas de Zaragoza se aplaza al 2018. El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), CHA y PSOE acordaron ayer impulsar una modificación de la actual Ley de Contratos del Sector Público para que, tanto a nivel estatal como autonómico, especifique en su articulado que la reserva que ahora se permite para contratar servicios y suministros con empresas de economía social también se deje hacer para ejecutar obras. Una decisión que, con viento a favor en lo político al contar con mayoría en el Parlamento autonómico para hacerlo, demorará igualmente el inicio de los trabajos «entre seis y siete meses». Eso conlleva dos consecuencias: este año no empezará y el plurianual para dedicar 4,5 millones en 4 años ahora se alarga hasta el 2021.
El responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, así lo anunció al término de la reunión que ayer mantuvieron los tres partidos con empresas de inserción y centros especiales de empleo (AREI, Inserta, Mapiser, Integralia, Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción, A todo trapo, Tranviaser y Fundación Adunare). A ellas les mostraron, aseveró, el «acuerdo político» al que ahora le tendrá que seguir una modificación presupuestaria para decidir a qué destinar los 1,5 millones de euros consignados este año para iniciar los trabajos.
NO IR AL JUZGADO // Se trataba de dar respuesta al varapalo recibido del Tribunal de Contratos, tras el recurso de la Asociación de Constructores de Zaragoza. Su resolución aseguraba que no podía restringir el acceso a este contrato para que solo participaran empresas de economía social, sino que se debía cumplir con la libre concurrencia. «No estamos de acuerdo con la interpretación jurídica», apuntó el edil de ZeC.
En su opinión, el veredicto «va en contra de la legislación europea, estatal y toda la filosofía de contratación pública en la cual se permite que haya contratos protegidos para empresas de inserción y centros especiales de empleo que generan un interés y un fin social, y que es complementario a todo el sector empresarial ordinario», expuso Muñoz. Y recordó que «todas son pymes».
Pero esta vez no irán al juzgado. «No vamos a ir a un combate jurídico en los tribunales sino con otra estrategia todavía más audaz, ir a aclararlo en la sede legislativa», señaló, para anunciar la modificación de la ley que «deje claro que están incluidos los contratos de obras y que, específicamente, se puede hacer restringido para estas propuestas».
Respecto a la reutilización de los 1,5 millones que se liberan, solo dijo que se estudiará «técnica y jurídicamente» a qué destinarlos y que serían mejoras en el espacio público, sin concretar más. «Los tres hemos mostrado nuestra voluntad y acuerdo», dijo. Serían actuaciones «en solares, obras más concretas, no tanto la reposición rápida de una baldosa», En definitiva, analizar los «proyectos en cartera».
El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, aseguró que es «perfectamente posible» modificar el artículo 7 de la Ley de Contratos y que «ni daña la libertad de empresa ni a las firmas convencionales». Y destacó que la opción de la modificación legislativa es «más rápida» que la iniciativa parlamentaria.
La edila socialista Lola Campos, sin embargo, decía que el acuerdo «no está cerrado». Que la modificación de la ley es algo en lo que ya está trabajando la DGA y que ZeC tiene que explicar «cómo va a resolver la cuestión de las mejoras en las escena urbana», para «hacer las cosas bien para que nadie ponga ninguna duda». «Nos han llamado para socializar esta chapuza, pero no podemos tener otro tropiezo en esto», concluyó la socialista, H
