El Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno el pasado viernes va a suponer una auténtico salvavidas para miles de aragoneses. Tres residentes en la comunidad cuenta a EL PERIÓDICO su situación y que opinan de esta ayuda.

Diana Alvarado: “Solo busco un futuro para mis hijos”

La venezolana Daiana Alvarado llegó hace casi un año a Zaragoza en busca de un futuro mejor para sus dos hijos, pero en todo este tiempo no ha logrado encontrar un empleo. Confía en que su suerte cambie pronto, cuando en agosto consiga el permiso de trabajo. «Como sé que hay muchas mujeres que no tienen papeles limpiando casas busqué empleo de eso, pero no he tenido suerte; yo lo único que quiero es trabajar para darle un futuro mejor a mis hijos», indica.

Como otros muchos compatriotas, Alvarado salió de su país escapando de la fuerte crisis que sufre Venezuela, con una inflación desbocada. «Allí tenía un buen empleo como supervisora de producción en una empresa porque soy técnico en administración de empresas. Vivía más o menos bien, pero hace diez años comenzó la crisis y la situación acabó siendo insostenible; al final con mi sueldo solo podía comprar dos kilos de arroz», lamenta Alvarado, de 42 años.

Con la crisis sanitaria, su situación en España se ha agravado, debido también a que los ahorros que tenía se han ido agotando. De hecho, en las últimas semanas está acudiendo al banco de alimentos y ha recibido una ayuda de la Cruz Roja. Y eso que por suerte vive con unos familiares y de momento no tiene que pagar alquiler. Pero, Alvarado quiere tener su propia casa para vivir con sus hijos. «Tuve que vender el piso que tenía en Venezuela para poder poder pagar los billetes de avión y aún estoy esperando a que llegue mi segundo hijo de 13 años, porque hubo problemas con su pasaporte», explica la mujer.

Cuando Alvarado lleve un año en España y tenga el permiso de trabajo en regla podrá entrar dentro de los posibles perceptores del nuevo Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, ella espera no tener que solicitarlo. «Yo lo que quiero es trabajar y no depender de subsidios; me da igual en lo que sea, pero trabajar y poder darles a mis hijos un futuro mejor en este país», concluye.

Esteban Restrepo: “Trabajaba en negro y ahora no cobro”

La crisis del coronavirus se ha llevado por delante muchos contratos, reduciendo de forma notable la cifra de afiliados en la comunidad. Sin embargo, los daños colaterales de la pandemia no se quedan aquí. Hay un colectivo, el de las personas que trabajan en la economía sumergida, que no aparece en ninguna estadística, pero que ahora se han visto igual de afectados o más. Lo sabe bien Esteban Restrepo, un colombiano de 27 años que llegó hace ocho meses a Zaragoza.

Vino como solicitante de asilo, una condición que le da derecho a trabajar, aunque por el momento no ha encontrado un empleo «de verdad». «Trabajaba cargando y descargando mercancías, pero con esto del coronavirus todo se truncó, aunque espero poder volver cuando todo esto pase», explica el joven.

Su situación actual es tan «desesperada» que lleva un mes recibiendo comida «y algo de ropa» del banco de alimentos. «Antes alquilaba una habitación en un piso compartido, pero con lo del virus me he tenido que ir a casa de un familiar que me ha dejado quedarme mientras dura esto», indica Restrepo, que asegura que lo único que quiere es encontrar «un trabajo decente» y echar raíces en Zaragoza.

Dentro del colectivo de personas que viven de la economía sumergida, la pandemia ha golpeado con mucha fuerza a las empleadas del hogar que trabajaban en negro.

Es el caso de Ana María, una joven nicaragüense de 32 años que aún no tiene los permisos en regla. Hasta que estalló la crisis sanitaria trabajaba de interna en un domicilio zaragozano cuidando a un matrimonio mayor. «Cuando pasó todo esto me despidieron y ahora no encuentro ningún otro empleo porque nadie se fía», lamenta.

Según los requisitos del ingreso mínimo vital, estos dos jóvenes no podrían solicitarlo y tendrían que seguir dependiendo de las entidades sociales.

Francisca Galván: “Con la pensión no llego a fin de mes”

Francisca Galván es gaditana, pero lleva 48 años viviendo en Zaragoza. Cobra una pensión de 683 euros y solo en los gastos relacionados con su vivienda se le van cada mes más de 400 euros. «Me era imposible llegar a fin de mes, así que hace tres años me quite todas las vergüenzas y empecé a solicitar comida al banco de alimentos», explica.

Así, cada 15 días acude a la Hermandad del Refugio de Zaragoza y con lo que le dan allí come «casi todo el mes». «El ayuntamiento también me da una ayuda de 150 euros cada tres meses y con eso voy tirando», comenta Galván, que tiene 71 años.

La gaditana ha trabajado toda su vida como cocinera y tiene «32 años cotizados». «El problema es que cometí un error y los últimos cinco años que trabajé me reduje a media jornada y eso me bajó mucho la pensión», lamenta Galván, que calcula que si no hubiera hecho eso ahora estaría cobrando «algo más de 1.000 euros». «Con esa pensión podría llegar a fin mes sin problemas y no tendría que estar ahora pidiendo ayudas y comida», sostiene la jubilada, que critica la reforma de las pensiones impulsada por el PP en el 2013.

Galván no podría cobrar el nuevo ingreso mínimo vital porque tiene más de 65 años (solo pueden recibirlo los que tienen entre 23 y 65, entre otros requisitos). Sin embargo, hay gente mayor, con edades entre los 55 y los 65 años, que también tienen grandes problemas para poder llegar a fin de mes.

Es el caso de María Ángeles, una zaragozana de 59 años que cobra poco más de 750 euros limpiando oficinas. «Mis dos hijos viven conmigo porque están en el paro y con esto del coronavirus todo se ha complicado aún más», lamenta la zaragozana, que reconoce que tiene que hacer auténticos malabares para llegar a fin de mes. «Voy a ver si cumplo los requisitos y si es así pediré lo de la renta mínima», asegura.