El pleno de las Cortes ha convalidado hoy el decreto ley por el que el Gobierno aragonés convocará 2.783 plazas por oposición correspondientes a las ofertas de empleo público de los años 2007 y 2011 cubiertas por interinos para cumplir con dos sentencias de los tribunales, con el rechazo de la oposición, que consideran que se incumplen las sentencias.

En defensa del decreto ley ha intervenido el consejero de Hacienda, José Luis Saz, quien ha indicado que el Gobierno cumple así la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las convocatorias de 2007 y 2011 al no incluir todas las plazas vacantes ocupadas por interinos.

El proceso de convocatorias de estas 2.783 plazas comenzará en 2014 y se cerrará en un plazo máximo de tres años, abarcará 1.034 plazas en el ámbito de la administración general, 385 en el docente y 1.364 en el sanitario.

Saz ha explicado que el proceso se desarrollará mediante distintos decretos en los que se irán convocando las plazas, que son "inminentes".

Además, ha informado de que habrá una reserva del 7 por ciento para personas con diversidad funcional y también, por primera vez, a favor de víctimas del terrorismo, y ha resaltado que con estas convocatorias se repone el derecho fundamental del derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad que quedó lesionado en aquellas convocatorias.

En contra de la convalidación del decreto ley han intervenido los tres grupos de la oposición, PSOE, CHA e IU, que consideran que con este decreto ley se incumplen las sentencias, que daban al Gobierno un plazo de seis meses par convocar las plazas y ahora se dilatan hasta tres años.

El más contundente ha sido el presidente del grupo de CHA, José Luis Soro, quien ha advertido que votar a favor de la convalidación del decreto ley supone "colaborar para que una ilegalidad parezca legal", porque las sentencias establecen que es el Gobierno el que debe aprobar en seis meses los decretos con todas las plazas, y esto no se ha cumplido.

"No sé si tienen claro que van a ser cómplices de un ataque gravísimo al principio de separación de poderes" y por tanto a la democracia, ha dicho a los diputados del PP y del PAR, porque con su apoyo al decreto ley "van a ser un instrumento para que el poder ejecutivo se aproveche del poder legislativo para pitorrearse del poder judicial".

Porque con la convalidación del decreto ley, ha argumentado Soro, lo que está haciendo el Gobierno es "negarse abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución judicial", y ha advertido de que cuando esto lo hace una autoridad o funcionario el Código Penal lo tipifica como delito de desobediencia judicial y "esto es gravísimo".

El diputado de IU Adolfo Barrena ha negado que el decreto ley dé más seguridad jurídica, ha criticado que el Gobierno lo utilice cuando es una fórmula para situaciones de necesidad urgente y extraordinaria cuando conoce las sentencias desde julio de 2013 y además, le acusado de estar "desacatando" al tribunal porque "dilata a tres años" lo que debe hacer en seis meses.

Ana Fernández, del PSOE, ha insistido en que el Gobierno debía haber cumplido las sentencias y ha criticado que se dé un plazo mayor pada convocar las plazas que el que marca la normativa, que presente un decreto ley para "aparentar que cumple" y que haya dejado transcurrir los meses para que su "inacción" se convierta en urgente necesidad -que no existe- cuando lo que realmente persigue es "dilatar" la convocatoria.

Por su parte, Antonio Ruspira (PAR) se ha mostrado convencido de las garantías jurídicas del decreto ley, por lo que ha sugerido a los grupos de la oposición, al igual que la diputada del PP Yolanda Vallés, que si creen que supone el incumplimiento de sentencias que acudan a los tribunales.