Los grupos de la oposición han acusado hoy al Gobierno de Aragón de haber incumplido la legalidad con el Plan Impulso al haberse amparado en una ley de crédito extraordinario y suplemento de crédito por la que se autorizó un endeudamiento de 190 millones de euros que solo podría haberse dedicado a inversiones y no a gasto corriente.

Ha sido en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón con motivo de la comparecencia de la interventora general del Ejecutivo autonómico, Cristina Quirós, para explicar a petición de IU la manera en la que se ajusta a la normativa vigente la gestión de los fondos del Plan Impulso.

Quirós ha apuntado que la intervención trabaja con un marco legal dado y que su función es verificar si los expedientes administrativos cumplen con la legislación que le es de aplicación y, en declaraciones a los medios de comunicación tras su comparecencia, ha concretado que no es competente para cuestionar una ley aprobada en el Parlamento.

En su intervención en la comisión, Quirós ha explicado que las actuaciones del Plan Impulso, por su urgencia, no han sido objeto de una fiscalización previa porque debían acometerse en cuatro meses -la ley se aprobó en agosto del año pasado y debía ejecutarse antes de que finalizara el año-, sino de un control financiero posterior.

Ha apuntado que en estos momentos están revisados los expedientes de los departamentos de Obras Públicas y Agricultura, de los institutos aragonés del Agua y de Fomento y algunos de la consejería de Industria, y que prevé que el informe de auditoría esté concluido en el tiempo marcado, antes que de que finalice 2014.

En el turno de los grupos, el portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha señalado que su grupo pidió la comparecencia de Quirós en agosto del año pasado por las "dudas" sobre si los créditos extraordinarios se ajustaban a la legalidad que la interventora, ha dicho, no ha despejado.

Según Barrena, el Plan Impulso ha sido una operación "cosmética" y con su forma de proceder el Gobierno aragonés ha vulnerado el Estatuto de Autonomía, que establece "taxativamente" que la Comunidad podrá realizar operaciones de crédito para financiar gastos de inversión.

Pero también la Ley de Hacienda, ha proseguido Barrena, que marca que Aragón podrá realizar operaciones de crédito por plazo superior a un año siempre que se destine exclusivamente a gastos de inversión, "cosa que no se ha hecho".

En este mismo sentido se ha pronunciado Ana Fernández, del PSOE, quien ha opinado que el Gobierno "pasa absolutamente del cumplimiento de las leyes" y que el Plan Impulso se llevó a cabo "con total falta de transparencia" y en realidad ha sido "un apaño" para implementar determinadas partidas de los presupuestos "que se habían quedado muy cojas porque habían sido recortadas".

Por su parte, José Luis Soro, de CHA, ha remarcado que con el Plan Impulso se ha cometido "un fraude de ley como un pino", ya que 158 millones eran un crédito extraordinario que debía aplicarse a operaciones que no estuvieran en el Presupuesto de la Comunidad cuando en la práctica han sido suplementos de créditos ya existentes con una "artimaña" para que los grupos no pudieran controlar el gasto del plan.

Antonio Ruspira, del PAR, ha ironizado con el "gravísimo error" que ha cometido el Gobierno de meterse en un "zancocho" para intentar fomentar el tejido empresarial, el empleo y lo social, y ha apuntado que "al final va a resultar" que por intentar potenciar las líneas estratégicas prioritarias del PP y el PAR a través del Plan Impulso tienen "que estar en el tema de la legalidad".

El PAR, ha agregado Ruspira, tiene el mismo interés que la oposición en conocer si se ha cumplido la legalidad, pero valora mucho más que con ese impulso que se ha dado a lo social, empresarial y al empleo "se ha conseguido que Aragón esté un poquito mejor" y que el dinero se haya gastado en unas líneas que "no han sido opacas".

Finalmente, Yolanda Vallés, del PP, ha insistido en que la Intervención General tiene competencias en materia de actos administrativos, no sobre la legalidad de las leyes, y ha resaltado que todas las leyes del Gobierno cuentan con el correspondiente informe jurídico.