Los tres grupos de la oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Zaragoza han coincidido este martes en remarcar que los datos de la auditoría encargada por el Gobierno PP-Cs, que habla de un "agujero" de 103 millones, eran ya conocidos y están sirviendo de excusa para aplicar recortes. La auditoría conocida hace una semana ha sido el primer punto de debate de la primera sesión plenaria ordinaria de este mes de septiembre, en la que la consejera de Hacienda, María Navarro, ha vuelto a repasar las cifras, que arrojan un total de 103 millones de euros en sentencias impagadas, infradotaciones y revisiones de precios reclamadas por las grandes contratas, principalmente.

En su intervención, ha hablado también de las deficiencias en la gestión halladas en el documento, como falta de seguimiento desde los servicios municipales, cánones que faltan por cobrar, derechos pendientes de cobro "muy altos", debilidad en la base de datos fiscal o dilaciones en la gestión del periodo ejecutivo.

Asimismo, ha apuntado a la existencia de convenios que son objetivamente prestaciones de servicios y, por tanto, deberían salir a licitación, los problemas en materia de contratación o el gran número de contratos -111- caducados y que se prestan a través de reconocimientos de obligación.

En el turno de los grupos de la oposición, la portavoz socialista, Pilar Alegría, ha apreciado un discurso "demagógico" en el Gobierno PP-Cs, a los que ve preocupados por la nueva convocatoria electoral.

Así pues, se ha mostrado de acuerdo con los números, pero no con la interpretación que se hace de ellos y ha llamado la atención de que el interventor también recoge en la auditoría que el ejercicio 2019 podría cerrarse con una capacidad de financiación de cerca de 100 millones de euros.

A esto mismo ha apuntado Alberto Cubero (ZeC), quien ha asegurado que el Ayuntamiento tiene 90 millones de euros "muertos de asco" en la caja mientras recorta las Fiestas del Pilar, los presupuestos participativos o la formación para el empleo.

Por su parte, el portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, ha calificado la auditoría de "nube tóxica" para subir el IBI del 3 al 6 por ciento y para "cargarse" las reformas de Tenor Fleta y la Avenida Cataluña, los presupuestos participativos o la escuela infantil de Parque Goya, a la vez que "si que les da para asesores a miles de euros al mes".

Desde Vox, Julio Calvo ha considerado que la auditoría económico-financiera no era "tan importante", puesto que los datos eran ya conocidos, y ha urgido a solucionar los problemas de gestión que hacen que el Consistorio zaragozano no sea una administración del siglo XXI.

El debate ha concluido con la respuesta de María Navarro, quien ha afeado el "afán destructivo" de los grupos de izquierdas y ha recordado que en estos tres meses de gobierno han evitado que Zaragoza tenga que volver a acudir a un plan de ajuste, ya que el plan de reducción de deuda no contemplaba el pago de casi 40 millones en sentencias condenatorias.