Ni siquera la renuncia de la empresa Pyrenalia a la prestación del servicio de atención telefónica del 010 en el Ayuntamiento de Zaragoza garantiza una transición fácil a su presumible municipalización. La que pretende el responsable de Personal, Alberto Cubero, que ayer se apresuró a instar a la jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 a que dé el visto bueno definitivo a una subrogación que él ya ha hecho de facto desde el pasado viernes, cuando se hizo efectiva la renuncia de la empresa. Ayer, todos los partidos de la oposición salieron a la palestra a destacar la situación irregular a la que está abocando a las 14 trabajadoras que no han dejado de descolgar el teléfono pese a no tener contrato firmado.

Para Cubero, la empresa «o mintió (ante la jueza al garantizar que podía asumir el servicio) o sus circunstancias han cambiado», pero urge una decisión de la magistrada para unas empleadas «que lo están pasando muy mal, que hacen muy bien su trabajo con salarios de mierda y que llevan tres meses sin cobrar». Se les adeuda, dijo, mayo y junio.

INSEGURIDAD JURÍDICA // Pero ayer el edil se ganó las críticas de todos los partidos, por actuar «de tapadillo», con una «falta de transparencia» que no ayuda a lo que es más urgente en estos momentos, regularizar la situación de estas empleadas, que han dejado de pertenecer a Pyrenalia y, según Cubero, pasarán a ser personal laboral indefinido no fijo del ayuntamiento cuando lo diga la jueza.

Entre las críticas recibidas, estaban la de Ciudadanos (C’s), que ayer le reclamó que adjudique el contrato en un concurso público que dejó paralizado en el 2015, nada más acceder al cargo. Y las del PP, a través de su portavoz, Jorge Azcón, que ayer anunció la solicitud de una comisión extraordinaria para abordar esta situación y exigir explicaciones a Cubero. Y culpó al alcalde Pedro Santisteve de «dejar que el 010 se pudra y termine estallando».

«Se ha demostrado que Pyrenalia nos ha engañado vilmente a todos», destacó el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, quien consideró que conlleva una «responsabilidad política» del Gobierno de ZeC por hacerlo «rematadamente mal» y que ha derivado en la «inseguridad jurídica» de las trabajadoras. Aunque ve «razonable» que se decida la continuidad, hay que regularizarlo.

Para la socialista Marta Aparicio, «lo que está haciendo Cubero, por muy temporal y muy transitorio que quiera, es subrogar a las trabajadoras» y eso es una decisión que no se debería adoptar «sin haber modificado la plantilla, ni la relación de puestos de trabajo y habiendo una resolución judicial que suspende, precisamente, la subrogación».

«Volvemos a un territorio de incertidumbre, de inseguridad jurídica», lamentó la edila socialista. O del «esperpento», como se llegó a calificar desde la oposición.