Todos los partidos políticos en la oposición preparan para mañana martes una batería de preguntas sobrevenidas por lo ocurrido en el albergue municipal y que se ha dado a conocer en los últimos días. La agresión a una trabajadora y, sobre todo, la violación sufrida por una de sus usuarias en su habitación y mientras dormía. Todos coincidieron en señalar que lo ocurrido es «gravísimo» e instan al Gobierno de Zaragoza en Común a «adoptar medidas urgentes y contundentes» para frenar la «evidente inseguridad» que se vive en el centro, tanto por las personas que trabajan allí como por aquellas que acuden buscando cobijo.

A la vez, la oposición le reprocha la «falta de transparencia» e incluso la «ocultación» de un caso como el que ayer publicó EL PERIÓDICO, por lo que algunos grupos municipales, como es el caso del PSOE, ayer apuntaba a la necesidad de «asumir las responsabilidades» que puedan derivarse de estos casos.

Los propios trabajadores señalaron que «las medidas de seguridad son totalmente insuficientes» teniendo en cuenta el perfil de personas que acude al centro municipal. Solicitan que se instalen arcos de seguridad a su entrada o, al menos, se cachee a los usuarios ya que «entran elementos punzantes y cortantes así como bebidas alcohólicas».

Pero desde ZeC aseguraron que las medidas de seguridad cumplen con las necesidades y que el número de incidencias no se ha visto incrementado respecto a otros años. Sí que admitieron que la falta de personal, denunciada por CSIF, está generando situaciones de «mayor estrés» entre los empleados. Pero la plantilla insiste en que el número de agresiones verbales de los usuarios hacía los empleados cada día es mayor. Hay unos 50 empleados. Y el sindicato asegura que los informes oficiales sobre situaciones violentas en el albergue evidencian «el peligro y la inseguridad», con diez actas de intervención, 24 denuncias administrativas y 19 infracciones penales.

REACCIÓN POLÍTICA

«Es indignante enterarse así de lo ocurrido», remarcó la edila del PP Reyes Campillo, quien anunció que pedirá «la modificación del reglamento» y que la Policía Local tenga más capacidad de intervención. «Llevamos dos años denunciando la inseguridad», añadió.

Para Lola Campos, del PSOE, «la situación es muy grave y si se ha detectado reiteración hay que adoptar medidas contundentes». Sobre todo porque instalaciones como esta «tienen un plus de peligrosidad». Y con respecto a la mujer violada por otro usuario, urgió que se le facilite «otro alojamiento en un lugar más seguro, protección y ayuda psicológica». «Es lo mínimo que se le puede ofrecer», apuntó.

Cristina García, de Ciudadanos, anunció que pedirá «un informe con todas las incidencias del último año y un estudio técnico de medidas a adoptar». Y Carmelo Asensio, de CHA, preguntará «si se están cumpliendo los protocolos que ya existen».