PSOE, CHA e IU han presentado hoy una iniciativa conjunta para que las Cortes de Aragón presenten un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de la reforma local por vulnerar competencias autonómicas y lesionar la autonomía local.

Para ello, los portavoces parlamentarios de PSOE, CHA e IU, Javier Sada, José Luis Soro y Patricia Luquin, respectivamente, han registrado un escrito en la Mesa de las Cortes en el que solicitan la convocatoria de un pleno extraordinario que acuerde la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley estatal de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Ahora serán la Mesa y la Junta de Portavoces las que deban aprobar la celebración de un pleno en el que se acuerde la interposición de este recurso ante el TC, para el que hay de plazo hasta el día 30 de marzo, y al que han invitado a unirse al PP y al PAR.

Sada ha señalado, en una rueda de prensa de los tres portavoces, que están preocupados desde hace tiempo por las posibles incidencias que tendrá esta norma sobre las competencias autonómicas y los ciudadanos, fundamentalmente, cuya institución más cercana para las decisiones y control democrático son los municipios.

Según el portavoz socialista, hubieran preferido que desde los servicios jurídicos de las Cortes se hubiera emitido con anterioridad un informe sobre esta ley para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, que se ha impedido desde el PP y el PAR, por lo que ahora PSOE, CHA e IU se ven en la obligación de presentarlo directamente.

En este sentido, ha dicho que esperan y desean que los otros dos grupos se unan a esta propuesta, como ha ocurrido con la ley de evaluación ambiental, que era "urgente e imprescindible" presentarla.

Es una ley que no tiene "ninguna justificación", que sólo provocará una reducción del gasto por la vía de reducción de servicios a los ciudadanos, sobre todo a los del medio rural, y que "golpea" a la institución que presta con más eficacia dichos servicios, ha agregado Sada.

El recurso, que se basa en la "extralimitación" que esta norma básica tiene sobre competencias autonómicas y la existencia de una "lesión" de la autonomía local y del principio democrático en los ayuntamientos, es la "única forma de garantizar una calidad de servicios para todos los ciudadanos", ha afirmado.

Por su parte, Soro ha señalado que los tres grupos se han unido en defensa de la ciudadanía contra una "barbaridad" de ley que vulnera sus derechos y la calidad de los servicios públicos.

El ayuntamiento, ha agregado, es la "puerta más cercana" a la que llaman los ciudadanos cuando tienen problemas y el PP quiere municipios "vacíos" de competencias y de financiación, que sean "auténticos fantasmas" institucionales sin posibilidad de ayudar a sus vecinos.

"No estamos dispuestos a consentirlo", ha subrayado Soro, quien ha dicho que esta ley "encierra" una campaña de "privatización" de los servicios públicos a "gran escala" y contra la democracia que representa el mundo local.

Patricia Luquin, de IU, ha insistido en que la reforma local supone una "demolición" del modelo de gestión pública que se inicio en España con los ayuntamientos en 1979.

Esta ley implica "menos derechos, menos servicios y menos democracia", tal y como la ha planteado el PP, ha señalado, porque en su opinión afectará directamente a los servicios que prestan los ayuntamientos, abre la puerta al "desmantelamiento" y "privatización" de estos servicios y causará problemas de representatividad.

Sobre la ponencia que estudia en las Cortes de Aragón el reparto de competencias dentro de la Comunidad Autónoma, han informado de que existe un informe de los servicios jurídicos parlamentarios que pone en cuestión varios aspectos fundamentales de la reforma local.

En este sentido, los tres portavoces han indicado que ahora dependerá del PP y el PAR en el que se continúe con dicha ponencia porque si la Mesa y Junta de Portavoces permiten que la petición de recurso de inconstitucionalidad vaya al pleno, y se apruebe por unanimidad, cambiaría el escenario.

Sin embargo, tanto Sada como Soro y Luquin han estado de acuerdo en señalar que si se rechaza esta petición no tendría sentido participar en la misma porque entraría en colisión con los trabajos que desarrolla.