Pocas veces un conflicto con una contrata provoca tanta unanimidad como la que originó ayer conocer que la adjudicataria del servicio de mantenimiento de las zonas verdes ha decidido aplicar una rebaja salarial lineal del 21% a toda la plantilla. Más aún si esto conlleva una convocatoria de huelga indefinida a partir del próximo 24 de abril o unos paros parciales que, según informó el comité de empresa este diario, "comenzarán el día 14 durante cuatro horas (y lo harán también los días 19 y 28 de marzo)". Aunque solo el PSOE faltó a una reacción en cadena en la que la oposición tachó de "inadmisible" e "injusto e inmoral" la medida, ya que solo el Gobierno abogó por no intervenir en un "conflicto interno" que confió en que resuelvan los empleados con la dirección.

Al día siguiente de salir a la luz este recorte salarial, ya se empieza a hablar de rescindir un contrato que FCC firmó el pasado mes de noviembre y que empezó a hacerse efectivo el 1 de enero. Por quitar una quinta parte del sueldo a toda la plantilla, o por anunciarles que perderán su paga de septiembre y algunos de los pluses que cobraban. Se ahorrará unos 1,5 millones de euros en una masa salarial que era de cinco, después de que concurrieran a un concurso público en el que, para ganar la adjudicación, ofrecieron prestar el servicio "un 38% más barato y con una inversión anual como mejora de 2,5 millones", siete veces más que otros licitadores.

"Es la gran mentira de FCC, que quiere recuperar esa rebaja y ahora se la endosa a los trabajadores", explicó el edil Raúl Ariza, de IU, quien adelantó que está "estudiando un informe jurídico elaborado en el Ayuntamiento de Lugo" que justifica que "se puede pedir la rescisión del contrato".

Eso es lo que plantea su formación y para lo que se ha puesto a trabajar en hacer "un acopio de incumplimientos" porque "con tres les podemos echar" y demostrar, añadió, que "esas prácticas no tienen cabida aquí". "Si Zaragoza se gestiona desde la izquierda no se puede poner de rodillas ante determinadas prácticas empresariales. No tendríamos vergüenza si lo permitiéramos", apuntó el concejal, quien recordó que "hay que actuar igual que se hizo, y bien, con el autobús".

La diferencia con este conflicto es que, en este caso, se ha sumado el PP. Ayer su portavoz, Eloy Suárez, calificó de "inadmisible" que se estén produciendo incumplimientos en el contrato como está afirmando el personal y por eso presentó una moción de urgencia para exigir que se elabore un informe que evalúe el cumplimiento de la nueva contrata. El líder conservador recordó que ya advirtió en la mesa de contratación "que parecía imposible cuadrar la oferta económica con las mejoras propuestas y que se respetase la subrogación de la plantilla con los mismos derechos laborales". Así que pedirá al pleno exigir tener una evaluación en 15 días.

Por último, desde Chunta, el concejal Carmelo Asensio reclamó al Gobierno municipal que reúna este mismo lunes al equipo de inspección encargado de velar por el cumplimiento de las condiciones de las contratas, que priorice la redacción de un informe jurídico urgente sobre el posible incumplimiento del pliego de condiciones y que se haga la auditoría de los últimos cinco años al que se comprometió el vicealcalde, Fernando Gimeno, y que "ya tendría que estar encima de la mesa".