Los grupos de la oposición en las Cortes han mostrado su rechazo a que la iniciativa privada pueda proponer, ejecutar y gestionar proyectos de interés general en Aragón, como se fija en la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA), tomada hoy en consideración en el pleno.
Los tres grupos (PSOE, CHA e IU) han defendido sendas enmiendas de devolución al proyecto de modificación de la LOTA, al entender que abre la puerta "de par en par" a que la iniciativa privada pueda ejecutar estos proyectos, que hasta ahora eran competencia de la administración autonómica, quedando por tanto lo público "subordinado" a lo privado, según la socialista Carmen Sánchez.
El texto ha sido no obstante tomado en consideración al haber rechazado los grupos del PP y el PAR estas enmiendas a la totalidad.
El consejero de Ordenación Territorial, Antonio Suárez, ha defendido el proyecto de ley, que abre los planes y proyectos de interés general a la iniciativa privada aunque procurando "que de ahí no deriva ningún privilegio territorial", se especifica en la exposición de motivos de la iniciativa.
De hecho, la selección del promotor particular de los planes se determinará por concurso público, al tiempo que se establece un sistema garantista para fijar la ubicación territorial de los proyectos en suelos distintos de los señalados como preferentes, al exigir justificación sobre la concreta ubicación.
Suárez ha explicado que otra novedad se refiere a que a partir de ahora será únicamente el departamento de Ordenación Territorial, y ya no el de Obras Públicas y Urbanismo en determinados supuestos, quien tramite y coordine estos proyectos.
Y, además, el Consejo de Ordenación el Territorio de Aragón (COTA) amplía sus competencias porque este organismo deberá informar obligatoriamente sobre los instrumentos de ordenación territorial y sobre los proyectos de interés general.
La otra gran línea de reforma se refiere a la tutela del paisaje, que se traduce en la elaboración de mapas de paisaje y estudios de impacto paisajístico antes de la toma de cualquier decisión sobre estos proyectos.
Además de criticar la apertura de la ley a la iniciativa privada, Carmen Sánchez ha asegurado que supone un ataque a la autonomía de los municipios, que ya no tendrán potestad para rechazar o no los planes de interés general porque se convierte al consejero de Ordenación Territorial en el controlador de los procesos de recalificación de suelo, algo que es competencia municipal.
Gregorio Briz (CHA) también ha coincidido que con la importancia que se concede a la COTA para informar los proyectos, se invade la autonomía municipal, y ha agregado que aunque es importante simplificar los trámites para determinados proyectos, supeditarlo todo al crecimiento económico y la creación de empleo puede ser peligroso, porque fue eso lo que en otro tiempo generó la explosión de la burbuja inmobiliaria.
El diputado de IU Ángel Luis Romero también ha señalado que aunque es "bueno" que la administración "simplifique", no debe de hacerlo a cualquier precio.
Ha apuntado que "no es lo mismo" que la administración pueda "escuchar" a la iniciativa privada que sea ésta quien ejecute proyectos que se llaman de "interés general", y ha lamentado que la modificación de la ley haga un "claro guiño" a la política desarrollista.
Sin embargo, Joaquín Peribáñez (PAR) y Mar Vaquero (PP) han defendido la pertinencia de la modificación y, en este sentido, la diputada popular ha apuntado que la ley clarifica y reordena las competencias que antes se repartían dos departamentos y ha asegurado que su grupo apoya "todo lo que pueda servir para detectar proyectos de interés general", siempre con "claras garantías".
