La polémica por el posible traslado del rastro de los miércoles parecía haberse apaciguado pero la oposición se mostró ayer sorprendida por los 8.554,70 euros que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) ya lleva gastados en la búsqueda de un emplazamiento alternativo al párking Sur de la Expo. Las tres facturas que, tal y como adelantó ayer este diario, se han destinado a externalizar estudios de implantación en Romareda, el entorno de la Estación del Norte o la plaza Doctor Iranzo, se desconocían y, a juicio del PP, el PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA, evidencian el «oscurantismo» con el que se ha gestionado este asunto y la «ocultación» de información que demuestra que «la decisión ya estaba tomada» y ahora solo se ha conseguido paralizar. Con la creación de una comisión especial y un grupo de trabajo en el Consejo de Ciudad que echará a andar en septiembre y que se aprobó cuando se encaminaba a una resolución unilateral de ZeC.

«Lo grave es que siempre actúan con hechos consumados», destacó el concejal del PP, José Ignacio Senao, quien dijo desconocer estos gastos que, recordó, «incumplían el mandato del pleno de crear antes un grupo de trabajo para consensuar el futuro del rastro». «Es un gravísimo error», recalcó, que se debe, añadió, a «la manía de ZeC de no comentar nada con nadie y de tirar para adelante empleando los recursos de todos». Y, además, subrayó que lo hace para contar con trabajos externos que «se podrían hacer con medios del ayuntamiento», en referencia a la elaboración de los planos con los que la responsable del área, Teresa Artigas, justificó esos gastos. «Querían hacer la cacicada este verano de llevar el mercadillo a algún sitio y sin tener un solo informe favorable», comentó el conservador.

Para la socialista Lola Ranera, esta es «una prueba más del oscurantismo con el que trabaja este Gobierno municipal, que en lugar de gastar el dinero en estos estudios, que desconocíamos, debería pensar en cumplir el compromiso adquirido en la Cámara de Comercio de invertir en mejoras en el párking Sur». «Los que venían a remunicipalizar servicios acaban externalizando todo», apostilló la concejala. En su opinión, Artigas «debería explicar por qué se estudian esos tres emplazamientos y no otros, si descarta el resto de los 31 y por qué y si esos gastos demuestran que tenía una decisión tomada».

Alberto Casañal, de Cs, exigió ayer a ZeC que deje de gastar el dinero en buscar de manera unilateral nuevos destinos al mercado ambulante y mostró su «extrañeza» por el tercero de los contratos, que analizaba la ubicación en Doctor Iranzo, un lugar del que el Gobierno «nunca había hablado como posible ubicación en un claro intento de hurtar información a la oposición y a los vecinos de la ciudad». «La solución al problema debe salir del consenso de todas las partes», añadió.

Leticia Crespo, de CHA, ratificó que ese gasto «no se había dado a conocer» y que «es curioso que hayan dedicado dinero sin tener una decisión tomada». De hecho, desconfió de que esta no existiera y que «lo que ha ocurrido es que se ha forzado un debate que ZeC no quería plantear y pensaba resolver unilateralmente».