Las posibles restricciones económicas en la comunidad producidas por la ley de prórroga presupuestaria centraron ayer la Comisión de Hacienda en las Cortes de Aragón. Los partidos del centro derecha, con el PP al frente, reclamaron explicaciones al Ejecutivo sobre las consecuencias que los casi dos meses de prórroga presupuestaria pueden tener en el tejido social.
Los populares recordaron que durante el mes de diciembre el PSOE intentó presionar a Podemos para lograr un acuerdo amenazando con los problemas que supondría prorrogar las cuentas públicas. Y se mostraron sorprendidos por las últimas intervenciones del presidente Javier Lambán asegurando que no se estaban produciendo daños «irremediables». «Han perdido ustedes la poca fiabilidad que podían tener», aseguró el diputado popular Antonio Suárez.
Entre los riesgos detallados por la oposición destacan la formación de los desempleados, la vivienda social, los ingresos del Instituto Aragonés de Inserción o las nuevas inversiones en colegios y centros de salud. Además, Suárez denunció que los cambios en la orden de prórroga pueden provocar «inseguridad jurídica».
El director general de Presupuestos, Financiación y Tesorería, Manuel Galochino, aun reconociendo que la situación «no es la ideal», negó los temores del PP al señalar que a diferencia de otras prórrogas en esta ocasión se «garantiza el funcionamiento de servicios en lo relativo a gasto corriente». Así, indicó que con las modificaciones que ya se han publicado se podrán llevar adelante la unidad de hospitalización psiquiátrica proyectada en el hospital Miguel Servet y las nuevas unidades escolares en Las Anejas, en el centro de educación infantil de Arcosur y en centro integrado de Valdespartera.
PODEMOS
A la espera de que el Gobierno de Aragón anuncie esta semana su alternativa al bloqueo, el líder de Podemos, Pablo Echenique, aseguró a su vez que el grupo parlamentario se reunió ayer durante varias horas para buscar una alternativa a la petición de cese del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno. «Por ahora no existe una garantía suficiente que pueda evitar la dimisión», dijo.
