La Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en la Bal d’Onsera (altas Cinco Villas) y la Sierra del Perdón (Navarra) pidió ayer que el Ministerio de Medio Ambiente dé por terminado el expediente de evaluación ambiental del proyecto de la mina Muga (en la frontera entre Aragón y Navarra) y otorgue una declaración de impacto ambiental negativa.

En un comunicado, la entidad opositora al proyecto considera que la empresa que promueve la apertura de la explotación minera, Geoalcali, «ha incumplido sistemáticamente los requerimientos de la Administración». Para ello, sostiene, «ha negado los problemas o ha retado a los organismos públicos a que demuestren lo contrario».

La plataforma sostiene que el actual proyecto es distinto del que se presentó a exposición pública en el 2015, dado que, en su opinión, ha crecido casi un 40% su extensión, lo cual, a su vez, aumenta la superficie afectada.

Los opositores a la iniciativa minera mantienen que el plan presentado por Geoalcali no soluciona sus defectos iniciales, entre los que enumera la gran cantidad de camiones y viajes que pondrán a prueba la circunvalación de Sangüesa, los hundimientos y la adecuación a la sismicidad del terreno.

Asimismo, echan en falta un informe riguroso sobre la influencia en el embalse de Yesa y sus laderas, el trasvase de agua de la mina al embalse y los problemas derivados de los terremotos.

Además, indican que se generará una montaña de sal de 12.900.000 metros cúbicos y de unos 57 metros de altura cuyo propósito es venderla, una salida que consideran improbable dado la depreciación de esta sustancia.

Por lo demás, los contrarios a la mina aseguran que los mismos promotores del proyecto reconocen que este tendrá un impacto negativo sobre el medio natural.