Más leña a la polémica. El Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) terció ayer en el enfrentamiento soterrado que mantienen Gobierno de Aragón, Universidad de Zaragoza y Fundación San Valero e hizo público un dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón (LOSUA) en el que exige mejoras en la financiación del campus público y pone trabas a la creación de la Universidad San Jorge que promueve San Valero. Se da la circunstancia de que la presidenta del CESA, Angela López, es profesora de la Universidad de Zaragoza (de la Facultad de Económicas y Empresariales).
El CESA, órgano consultivo del Gobierno de Aragón, ha emitido este dictamen a iniciativa propia y "consciente de la trascendencia que para la comunidad tiene la ordenación de su sistema universitario", según declaró ayer a la agencia Efe Angela López. El informe ha sido remitido a la DGA y a las Cortes.
En el dictamen se señala que el proyecto "debería reflejar de manera más adecuada" la participación de la universidad en su propia programación y no debe limitarse a una "mera audiencia", mientras que "debería clarificar los términos de la financiación privada".
En este sentido, López explicó que el modelo de financiación de la Universidad de Zaragoza ha de basarse en los criterios de suficiencia económica, estabilidad y eficiencia de recursos. Debe garantizar, además, "la calidad de la enseñanza e investigación universitarias y su competitividad". Y añadió: "La calidad y los costes de la misma no pueden establecerse en función del número de alumnos como único criterio de carácter general".
El CESA opina que el anteproyecto "parte de la consideración, casi exclusiva, de la función docente de la universidad, no teniendo en cuenta suficientemente su función investigadora, que es tan importante como la primera". Para el consejo, "el Gobierno de Aragón debe garantizar el coste del funcionamiento general de la universidad, y una vez garantizado parece adecuada la existencia de financiación condicionada a objetivos y con criterios claros".
Sobre la creación de universidades privadas, señala que deben regir los mismos criterios de exigencia que para las públicas y que la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de la comunidad (en cuyo consejo rector deberían estar los agentes sociales) tendría que emitir un informe previo para reconocer nuevos centros.
Este órgano asesor de la DGA cree que el proyecto debería establecer un sistema de becas "con criterios claros y financiación adecuada" y que la composición del Consejo Social tiene "excesiva" presencia de representantes políticos.
