Los orientadores y el personal afectado por la entrada en vigor, el próximo curso, del nuevo decreto de Educación inclusiva todavía desconocen dónde serán reubicados y a qué centros deberán desplazarse a partir de septiembre. El personal está "indefenso", según aseguraron ayer fuentes sindicales al término de la mesa sectorial, en la que el Departamento de Educación sacó adelante, pese al rechazo en pleno de todos los sindicatos, tres órdenes de desarrollo de ese nuevo decreto.

El texto, que todavía no ha sido publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), ya ha pasado el preceptivo trámite de Hacienda, y supondrá la reordenación de los equipos y, según asegura el colectivo, la pérdida de algunos de ellos, como los dedicados a la Atención Temprana (de 0 a 3 años) o los profesionales de Audición y Lenguaje. Sin embargo, Educación todavía no ha publicado cómo se ejecutarán esos traslados y reubicaciones, algo que deberá llevar a cabo el departamento de Gestión de Personal.

"Hemos vuelto a mostrar nuestro rechazo a las órdenes y al decreto en sí, pero seguimos sin saber qué pasará con el personal desplazado y estamos casi a mediados de julio y el personal afectado no sabe qué va a ser de ellos", indicaron desde un sindicato.

A pesar de que desde la Administración se asegura que la plantilla de orientadores se ampliará, los sindicatos afirman lo contrario. "Los equipos de Atención Temprana desaparecen y se van a concentrar en uno solo, cuando se debería haber aumentado la partida económica y destinarla a orientación porque está claro que no se va a prestar la atención necesaria a niños con necesidades educativas especiales", apuntaron desde otro colectivo sindical.

Los orientadores censuran que el departamento no ha contado con ellos para elaborar el decreto y que los equipos suprimidos serán trasladados como una especie de asesores.