El juez Jerónimo Cano tomó ayer declaración a otros diez presuntos implicados en la presunta trama de reventa ilegal de medicamentos conocida inicialmente como operación Pharmakon. Las declaraciones se prolongaron desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche. De hecho, al cierre de esta edición aún no habían concluido, y por tanto el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel aún no había decidido si enviaba a prisión a alguno de los interrogados.

Al menos hasta ayer, el caso acumulaba 35 imputados, pero solo permanece en prisión el boticario de Aguilón, Daniel H. S. Y tres farmacias, dos en Zaragoza y la de Alloza, continúan clausuradas.

Por la mañana declararon cuatro imputados, que no detenidos, por su presunta relación con la trama. El juez mantiene las pesquisas bajo secreto, por lo que no trascendió cuál se sospecha que es su papel. Ya por la tarde llegaron seis detenidos, una mujer y cinco hombres, algunos de ellos provenientes de Granada y Málaga.

La investigación, que se inició a partir del decomiso de una buena cantidad de medicamentos provenientes de la farmacia de Palomar de los Arroyos, en mayo, ya tuvo desde el inicio vocación nacional, ya que estos iban dirigidos a una parafarmacia valenciana. Pero tras una fase más centrada en Aragón, con la clausura de una veintena de boticas en la comunidad, las pesquisas de la Guardia Civil ya se extienden por varias provincias españolas.

Buena prueba de ello fue el arresto del almacenista Marc Jaume B. S., de Tortosa, que salió de prisión tras pagar una fianza de 100.000 euros. Su detención apuntó la existencia de una segunda variante de fraude.

En principio se trataba de revender a almacenes o al público medicamentos que ya habían sido dispensados, y subvencionados, con receta. Para ello, algunos farmacéuticos utilizaban, presuntamente, trucos como convencer a ancianos de que ya se habían llevado medicinas. O usaban directamente nombres de fallecidos. El departamento de Sanidad de la DGA tuvo conocimiento de algunas de estas irregularidades desde la implantación de la receta electrónica, que puso en manos de los boticarios datos útiles de los pacientes.

En la segunda variante, los boticarios revenderían al extranjero, donde se venden a precios mucho mayores, las medicinas adquiridas aquí.