El pleno de las Cortes ha aprobado por unanimidad el dictamen de la comisión especial de estudio para la reforma del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), un texto de "mínimos" que no cierra si se mantendrá como impuesto o incluirá una tasa y que aboga por la revisión de tarifas y su aplicación con progresividad.

Según ha explicado la coordinadora de la comisión, Marta de Santos, de Podemos, se trata de conclusiones tras un estudio pormenorizado de este impuesto sobre el que "tan poco" se había reflexionado, con nueve principios que deben regir el nuevo marco tributario.

Entre ellos, el derecho de todas las personas al acceso a un agua de calidad, la eficacia y eficiencia en la reducción de la contaminación de las aguas residuales, la recuperación de costes, en cuanto tributo finalista basado en un estudio de todos los costes del sistema, el principio de "quien contamina, paga", incentivando tanto el ahorro en el consumo de agua como las buenas prácticas o la transparencia en la gestión del sistema.

En cuanto a la tarifas, se establece la diferenciación entre usos domésticos e industriales y entre cuota fija y su reducción y variable, con aplicación en este caso de criterios de progresividad en los usos domésticos, con una apuesta por establecer tramos de consumo para incentivar el ahorro y la adopción de buenas prácticas.

Todos los grupos abogan también por aproximar la carga tributaria en Aragón a la media de España y por regular una tarifa social que reduzca la cuantía a pagar para los hogares vulnerables en los tramos bajos de consumo.

Pero De Santos ha aludido también a las discrepancias y a la falta de voluntad del Gobierno de llegar a un acuerdo con Podemos cuando la propuesta de su formación pasa por que caminar hacia un modelo tasa-impuesto y por que los aragoneses no paguen más por la depuración de las aguas que la media de España.

Una reforma, ha dicho, que conllevaba una merma tributaria de solo 12 millones frente a los 40 que supone el pacto en Sucesiones que del PSOE con los grupos del centroderecha.

Por el PP, Antonio Suárez ha defendido el paso adelante que supone este acuerdo de mínimos alcanzado en una comisión propuesta por su grupo porque el Gobierno "no avanzaba", en un tema "muy complicado" y en "tiempos difíciles para el acuerdo", con la sociedad "radicalizada" en muchos aspectos.

Elena Allué, del PAR, ha insistido en que se ha intentado dejar "en la gatera" los puntos en desacuerdo, y por tanto el acuerdo es de mínimos sobre una cuestión muy compleja y polémica, sobre todo en la ciudad de Zaragoza, mientras que Javier Martínez, de Ciudadanos, lo ha calificado de "pacto sin impacto", porque el Gobierno no ha tenido voluntad de reformar el ICA, aunque ha destacado dos conclusiones: que tiene que permanecer y que hay que reformarlo.

Patricia Luquin, de IU, ha destacado el acuerdo en varios principios sobre un impuesto polémico que dará "grandes momentos" la próxima legislatura, y Alfonso Sancho, del PSOE, ha resaltado especialmente la diferenciación de usos domésticos e industriales, las bonificaciones y la transparencia.