El padre biológico de Laia, la niña de 2 años asesinada la semana pasada en el zaragozano barrio del Picarral, ha iniciado los trámites para recuperar la custodia de sus otros dos hijos, de 9 y 4 años, respectivamente. Los Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, que actualmente les protege tras el arresto de Vanesa M. P. y Cristian L. V.. tendrá que valorar la idoneidad de dicha solicitud. También hay otra bebé de 9 meses, pero no es suya.
Un proceso en el que no solo participa el progenitor, sino también la abuela paterna de los menores, quienes viajaron desde Toledo y Lloret de Mar, respectivamente, para personarse en la causa como acusación particular de la mano del abogado Manuel Hatero. Por el momento prefieren guardar silencio para ver el avance de la investigación que lleva a cabo el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de la Policía de Aragón y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza. Su magistrado ordenó ayer que se analicen los teléfonos móviles de los detenidos.
Paralelamente, el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) está pendiente de los resultados de una serie de pruebas para determinar la causa exacta de la muerte, aunque todo apunta a que los golpes que, supuestamente, recibió pueden conformarla.
Una situación que el padre biológico de Laia ya alertó en el pasado mes de septiembre a través de una querella en la que señalaba que las menores estaban siendo víctimas de malos tratos continuados. Fue en los juzgados de Blanes, un mes después de que Vanesa M. P. recuperara la custodia de sus hijos tras dos años sin ella. Eso a pesar de los informes negativos de los Servicios Sociales de Gerona.
La madre, Vanesa M. P., cuenta con antecedentes penales que todavía son computables de cara a la reincidencia. El Juzgado de Instrucción número 7 de Palma de Mallorca la condenó, según pudo saber EL PERIÓDICO, por un delito de violencia doméstica. Fue cuando ella tenía 21 años y se le impusieron ocho meses de prohibición de aproximación, 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y otros 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
Vanesa M. P. y Cristian L. V. se encuentran en la prisión de Zuera, lugar al que fueron enviados por la jueza de guardia que vio que podía haber riesgo de fuga. La Fiscalía solicitó la prisión tras una comparecencia en la que ambos se acogieron a su derecho a no declarar por indicación de sus abogados, Teresa Font y Armando Martínez.
Ambos fueron detenidos en la tarde-noche del viernes, después de que la Policía Nacional recibiera información preliminar de los forenses y que esta se uniera a los informes negativos emitidos por s los servicios sociales. La madre llegó a decir a los vecinos:«Me va a matar»; en alusión al padre biológico.
