Padres y sindicatos de la enseñanza pública mostraron ayer su rechazo a los escasos cambios introducidos por el Departamento de Educación de cara al próximo proceso de escolarización. Principalmente, las críticas se centran en la decisión de imponer de salida un ratio de 25 alumnos por aula, el aumento a 21 de las horas lectivas semanales de los profesores de Secundaria, el cierre de alrededor de una decena de aulas rurales por falta de alumnos o la imposición de que, a partir del curso 2014-15 se empiece Secundaria en los institutos y no en colegios rurales.

Además, la posibilidad de que Educación decida estudiar la implantación de la zona única en el futuro si este sistema tiene éxito este año en otras comunidades, también provoca malestar entre los colectivos. Es el caso de UGT, que defiende el actual criterio de proximidad como "el más justo" y advierte de que la zona única "puede llevar a una desprogramación total de la escolarización".

ALUMNOS POR AULA En cuanto a la ratio, los sindicatos defienden que "con estas ratios mínimas de salida (que son las máximas) va a ocurrir lo que ya sucedió el curso pasado, que Educación las sobrepasará, amparándose en la ley, cuando le parezca, argumentando situaciones excepcionales que al final se convierten en normales. Esto conllevará cierre de unidades y, por lo tanto, también disminución de profesorado", explicaron desde CSIF, que añadieron que "la zona rural es la que se llevará la peor parte, ya que con ratios altas el fracaso escolar aumenta". También desde CCOO se compartió esta opinión porque "ratios tan altas que son incompatibles con la escuela pública de calidad".

El aumento a 21 horas lectivas para el profesorado de Secundaria provocará, según los representantes de los trabajadores, "mayores problemas organizativos en los centros y menos tiempo para programas o actividades".

Además, el cierre de escuelas rurales que no lleguen a cinco alumnos llevará a "desplazamientos forzados". De hecho, CSIF calcula que la medida podría afectar a "40 centros aragoneses".

Por su parte, Fapar lamentó el "escaso tiempo" --5 días hábiles-- que se deja a las familias para pedir plaza y censuró la equiparación del domicilio laboral al familiar.