Ya ocurrió con la crisis del 2008 y está volviendo a pasar con el tsunami laboral que ha provocado el coronavirus. Las mujeres y los jóvenes son de nuevo los principales paganos del desplome del mercado de trabajo en la comunidad y lo seguirán siendo en los próximos meses. Ambos colectivos aglutinan buena parte de los contratos temporales, que han sido los primeros en destruirse con la pandemia. Lo peor es que muchos de ellos no han cotizado lo suficiente como para poder cobrar ahora varios meses de prestación por desempleo y esta nueva crisis se les va a hacer demasiado larga. Según la última Encuesta de Población Activa, que aún no refleja todo el impacto que el coronavirus generará sobre el mercado de trabajo, más del 60% del empleo destruido en el primer trimestre del año en Aragón se concentró entre los menores de 35 años. Una precariedad que las mujeres sufren con especial virulencia. Solo en marzo, la comunidad perdió 8.526 afiliadas a la Seguridad Social.

Para ambos colectivos llueve sobre mojado, porque ya sufrieron los efectos de la crisis del 2008, así como la reforma laboral del 2012. La inestabilidad laboral y la precariedad campan a sus anchas en estos segmentos de la población y parece que la pandemia aún incrementará más estas desigualdades. «A corto plazo aumentarán estas brechas porque las mujeres y los jóvenes están siendo los primeros en salir del mercado de trabajo al copar la mayoría de los contratos temporales», reconoce Víctor Montuenga, profesor del departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. En España, la temporalidad es desde hace años un problema estructural y ya supone el 27%, frente al 14% de media en la UE, según Eurostat.

Algunas veces, la precariedad llega a su máxima expresión con personas trabajando en negro.

«Aún hay muchas empleadas del hogar trabajando sin contrato y sin derecho a paro ni a bajas o vacaciones remuneradas», denuncia la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Goikoetxea, que asegura que para que esta salida de la crisis sea justa será esencial tener muy en cuenta la perspectiva de género. Sin duda, el sector de la limpieza es uno de los más inestables. Solo en marzo, el sistema especial de empleados del hogar perdió en la comunidad a 100 afiliadas, una de las caídas mensuales más fuertes de los últimos años debida a la crisis del coronavirus.

La parcialidad, con contratos por horas muy reducidos, golpea de lleno a estas y otras trabajadoras. «En los últimos años este tipo de contrato no ha dejado de crecer, lo que ha elevado la brecha salarial y ahora está provocando que muchas mujeres que se han visto afectadas por la crisis no estén pudiendo casi ni llegar a fin de mes», explica la secretaria de Juventud y Mujer de UGT, Sonia Montoro, que recuerda que la tasa de empleo de las aragonesas es once puntos inferior a la de los hombres. En efecto, muchas de estas trabajadoras afectadas por un ERTE han sufrido un desplome de sus ingresos (más teniendo en cuenta los retrasos en el pago de algunas prestaciones).

Todo ello explica que las mujeres y los jóvenes estén copando la solicitud de ayudas. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ya alertó de que entre marzo y abril se ha duplicado la petición de ayudas de urgente necesidad, mientras que en Zaragoza estas demandas han subido más de un 110%.

La nueva crisis laboral lastrará aún más los proyectos de vida de miles de jóvenes. «Quizá volveremos a ver cómo algunos tienen que regresar a casa de sus padres, mientras que las dificultades para abonar las matrículas universitarias aumentarán», advierte el responsable de juventud de CCOO, Luis Quintana.

PATRICIA ORTIZ, 44 AÑOS

"Tendré que pedir comida al banco de alimentos"

La nicaragüense Patricia Ortiz lleva años haciendo auténticos malabares para poder llegar a fin de mes. Desde que aterrizó en Zaragoza en el 2005 con uno de sus hijos (los otros tres se quedaron con los abuelos en su país de origen), ha ido encadenando empleos precarios y temporales sin cesar. Como a otras muchas inmigrantes, a Ortiz no le quedó más remedio cuando llegó a Zaragoza que trabajar de interna en una casa limpiando y cuidando de un matrimonio mayor. Por supuesto sin contrato al no tener los papeles y con un sueldo de miseria. «Luego estuve bastante tiempo limpiando casas por horas, pero ha habido temporadas muy difíciles en las que he tenido incluso que pedir ayuda al Banco de Alimentos», lamenta Ortiz, que, además, cuando puede tiene que enviar dinero a su familia en Nicaragua.

Durante los últimos años ha recibido diferentes subsidios públicos al encontrarse en riesgo de pobreza y actualmente está percibiendo el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), una ayuda que le permite a duras penas ir sobreviviendo. Ahora, la pandemia le ha golpeado de forma directa. Llevaba solo unos meses trabajando en una empresa alimentaria del Mercazaragoza a través de una ETT cuando cayó enferma por coronavirus. «Tuve que cogerme la baja y a los pocos días me avisaron desde la ETT de que no me renovaban el contrato», lamenta Ortiz, que vive sola con su hija de 20 años.

«No tengo paro y ya estoy viendo que dentro de poco tendré que volver a pedir comida al Banco de Alimentos», indica esta nicaragüense de 44 años, que se ha planteado incluso buscar empleo de temporera en la campaña de fruta: «Para todo hay una primera vez».

MANUEL, 28 AÑOS

"Con esto del virus mis ingresos bajaron un 80%"

El colectivo de los riders se ha visto muy afectado por la crisis del coronavirus. Los repartidores, ya de por sí golpeados por la precariedad laboral, sufrieron un desplome «brutal» de sus ingresos las seis primeras semanas de confinamiento. «En mi caso bajaron un 80%; hay que tener en cuenta que en esos días solo abrían doce o trece restaurantes de Zaragoza, cuando de normal hay unos 130 que trabajan con nuestra plataforma», explica un rider de Deliveroo. Desde hace unos días, el sector ha comenzado a reactivarse y la mayoría de repartidores ha vuelto a las calles. Muchos lo han hecho sin equipos de protección individual y exponiéndose al virus, ya que, como denuncian los sindicatos, sus empresas no se los han proporcionado. «Tampoco tenemos muchas más opciones porque si no repartimos no cobramos», recuerda un rider de Zaragoza (en la foto con la mochila de Glovo).

Este trabajo se ha convertido en una de las pocas alternativas laborales para muchos jóvenes que no encuentran otro tipo de empleo. Solo en Zaragoza, trabajando activamente para Glovo hay unos 150, «la gran mayoría inmigrantes», indica el citado glover. «Antes de la pandemia había meses que trabajaba 70 horas a la semana, diez cada día. En ese caso, quitando todos los gastos de gasolina, cuota de autónomos e IRPF, se me quedaban unos 1.400 euros limpios», explica este rider, que apunta que los que trabajan entre siete y ocho horas todos los días de la semana ingresan «limpios» unos 900 euros al mes. Sin embargo, en la práctica no todos pueden trabajar tantas horas, ya que si no cumplen una serie de exigencias la empresa solo les permite repartir en determinadas franjas horarias.

BLANCA DE LA CRUZ, 31 AÑOS

"Perdí la posibilidad de un empleo por la pandemia"

La inestabilidad laboral está tan extendida que no golpea solo a los jóvenes menos formados. También los licenciados universitarios, con másteres e incluso con experiencia laboral, la sufren en primera persona. Lo sabe bien la zaragozana Blanca La Cruz. Como miles de jóvenes aragoneses, apenas ha podido trabajar en lo que ha estudiado. Tras encadenar becas y contratos de prácticas, logró estar un tiempo como redactora en un programa de televisión, pero el contrato también llegó a su fin. Cansada de tanta precariedad y ante la falta de oportunidades laborales, la joven comenzó a trabajar en otros sectores. «Primero estuve en una empresa de logística, luego trabajé en atención al cliente y finalmente conseguí algo de estabilidad como monitora de tiempo libre», explica.

Llegó a estar más de tres años en este trabajo, un tiempo en el que incluso se pudo independizar durante un tiempo. «También se acabó y tuve que volver a casa de mis padres», lamenta. Según los sindicatos, esto mismo les va a suceder a cientos de jóvenes aragoneses por la crisis del coronavirus, que ha eliminado miles de contratos temporales.

A La Cruz la pandemia también le ha golpeado. «El año pasado empecé a estudiar un curso de organización de eventos y en febrero me habían dicho en una empresa de bodas que igual contaban conmigo para esta temporada, pero lo del coronavirus lo truncó todo», lamenta la joven de 31 años, que está aprovechando estos meses para seguir formándose. «Tengo muchos amigos en mi situación; a mi novio y a mí nos gustaría independizarnos, pero así es difícil», lamenta La Cruz, que no ha cotizado lo suficiente para cobrar paro.

PILAR, 29 AÑOS

"Es la primera vez que solicito ayudas sociales"

«Hasta ahora nunca había tenido que pedir ayudas sociales. Es raro, siento una mezcla de vergüenza, rabia y frustración». Pilar (nombre ficticio) siempre ha ido «muy justa» para llegar a fin de mes, pero la crisis del coronavirus le ha dejado en una situación «impensable». Como otros muchos aragoneses, Pilar tardó en recibir la prestación del ERTE por los retrasos que ha acumulado el antiguo Inem y, agobiada por la ausencia de ingresos, solicitó ayuda a Cáritas: «Es la única que me ha apoyado».

Esta joven de 28 años lleva desde los 17 trabajando en la hostelería encadenando contratos temporales y precarios. Antes de que llegara la crisis del coronavirus trabajaba en un restaurante de Zaragoza cotizando 15 horas a la semana, aunque en la práctica metía más de 40 horas. «En la nómina recibía unos 550 euros y el resto, hasta llegar a casi 900, me lo pagaban en negro», lamenta.

Hace unos días cobró por fin la prestación. Apenas 370 euros que no le permiten llegar a fin de mes. Y lo peor es que aún no sabe si el restaurante en el que trabajaba podrá volver a abrir tras la pandemia: «A ver quien encuentra empleo luego con la que está cayendo».

El colectivo de las empleadas del hogar también se ha visto muy golpeado por el coronavirus. Son muchas las trabajadoras que han perdido su empleo y algunas de ellas ni siquiera podrán recibir una prestación al trabajar en negro. Fina, una joven peruana de 35 años que lleva casi una década en Zaragoza, sí tenía contrato pero también se ha quedado sin trabajo. «Llevaba dos meses de interna en una casa cuidando a un matrimonio muy mayor y el 17 de marzo su hija ya me dijo que no iba a continuar», lamenta.