La crisis provocada por el coronavirus lleva meses dejándose notar en los comedores sociales de la comunidad autónoma. En algunos, el número de usuarios se ha quintuplicado en el último año, como es el caso del de la Asociación de Vecinos Cívitas del barrio de Las Fuentes, que ha pasado de atender a 255 personas antes de la pandemia a más de 1.800 en estos momentos. Entre los beneficiarios de los lotes de comida que reparten el perfil revela la destrucción de empleo por la pandemia, la reducción de contratos, la paralización de expedientes en extranjería que lleva a alargar situaciones de falta de documentación, y las dificultades para pagar el alquiler incluso si se cuenta con ingresos en la unidad familiar.

«El año pasado repartimos 150.000 kilos de comida», resume Laureano Garín, presidente de la Asociación de vecinos Cívitas de Las Fuentes y exconcejal socialista del Ayuntamiento de Zaragoza. El balance mensual muestra la evolución de la demanda en esta entidad, que pasó de entregar 4.118 kilos en enero del 2020 a 8.234 en agosto, hasta llegar a un máximo de 19.147 kilos de alimentos el pasado mes de noviembre. La tendencia, un año después de que estallase la pandemia, se mantiene con el mismo nivel de usuarios, con 29.919 kilos repartidos en los dos primeros meses del 2021.

El reparto de los lotes de alimentos funciona como un auténtico engranaje en el pequeño local de la asociación en la calle Leopoldo Romeo. Cada dos semanas se reciben los alimentos no perecederos del Banco de Alimentos y, en semanas alternas, las frutas y verduras por parte del Gobierno de Aragón. A estas aportaciones se suman las donaciones desinteresadas de los vecinos del barrio y las compras que efectúa con fondos propios la entidad. «Teníamos 35.000 euros en el banco, y vista la situación, decidimos entrar de lleno y destinarlos a un programa específico de higiene personal y limpieza para hacer frente al virus», recuerda Garín.

Pilar Larriba Giménez, representante de Las Aguadoras de la asociación vecinal, señala que en la asociación «prima el principio de igualdad; el inmigrante es uno más». En este último año han visto incrementada la llegada de vecinos de Las Fuentes procedentes de todos los países del mundo, y también nacidos en el barrio que experimentan en sus propias carnes la necesidad de tener que recurrir a la ayuda de los demás. «Hay personas que han perdido su trabajo, otras que ya no lo tenían, a otros les han reducido la jornada... Y uno de los problemas es hacer frente al alquiler y tener que alimentar a cuatro hijos con un salario que con suerte llega a los 700 euros», señala Larriba. «Estamos intranquilos por el aluvión de gente. Con estos datos, es evidente que tenemos un problema social y la ciudad debería colaborar para frenarlo», añade Garín. Han desarrollado, además, el proyecto Desayunando para los tres centros públicos del barrio .

Un paso más abajo en la escalera de la pobreza están los usuarios del comedor de la iglesia del Carmen de Zaragoza. Es el último recurso para muchas personas que ven cómo el covid complica todavía más su día a día. Una buena parte de las personas que acuden a este centro impulsado por la obra social de la parroquia no tienen ni un lugar en el que poder comer los alimentos que reciben. Desde que comenzó la pandemia han notado un pico de asistencia, pero sin desbordarse hasta cifras escandalosas. De media solían repartir entre 230 o 240 comidas diarias y en los últimos meses han llegado a tener picos de hasta 270.

Soledad

El perfil de los usuarios, según explica el delegado parroquial Ramón Maneu, no tiene que ver con el paro que provoca la crisis del covid, por lo que no sienten una influencia directa de la pandemia. «La mayoría son personas solas», destaca al constatar un aumento de extranjeros entre los solicitantes de ayuda, muchos de ellos provenientes de América Latina. Por problemas burocráticos se han quedado sin su condición de refugiados y tienen que recurrir a la solidaridad para poder comer. También han detectado un incremento entre las mujeres (que siguen siendo una minoría de las que recurren a este servicio) y un ligero rejuvenecimiento entre los usuarios. Confían, en todo caso, que la situación no se degrade todavía más.

«No se cobra por ninguno de nuestros servicios», destaca Maneu, al indicar que el proyecto del comedor social es solo la punta de lanza de sus programas para lograr la integración laboral de estas personas en riesgo de exclusión. Los datos de este último año señalan que atienden diariamente a unas 400 personas, un centenar de ellas acogidas en sus alojamientos temporales.

Los «proyectos ocultos» tienen que ver con el apoyo escolar, el centro terapéutico para la rehabilitación de los alcohólicos o la formación y la inclusión. «Creemos que lo que dignifica a una persona es lograr un trabajo, una vivienda digna y lograr una autonomía», afirman.

Obra social

En total, la obra social tiene más de 250 voluntarios. De ellos una treintena reparten las comidas en el comedor. A los usuarios cada quince días se les hace solicitar una tarjeta de forma que todos ellos tienen una entrevistas con los trabajadores sociales. Sobre todo es una forma de controlar su salud y evitar el riesgo de que desarrollen problemas mentales. «Todo el mundo tiene miedo al covid, pero en su caso se suma la inquietud de no saber dónde lo podrán pasar, cuando tienes una casa te sientes mucho más seguro», reflexiona Maneu. En toda la pandemia solo uno de sus usuarios ha presentado síntomas, por eso creen importante no vincular la pobreza con un mayor riesgo de sufrir la enfermedad.

Los propios vecinos del barrio del Gancho, también en Zaragoza, son los que semanalmente organizan una llamada olla comunitaria en la que reparten más de 200 raciones de comida a los vecinos que pasan por el centro Luis_Buñuel. Desde hace un año el número de solicitudes no para de crecer. Entre los comensales de cada fin de semana hay personas totalmente desamparadas por el Estado, mientras que otras reciben ayudas o pensiones, aunque su magro importe no les alcanza para todo el mes.