El reparto del Fondo Covid estatal, o más bien los criterios fijados para el mismo, no han sentado bien en el Gobierno cuatripartito. Desde luego no entre los dos partidos aragonesistas que lo integran, CHA y PAR, quelo ven discriminatorio. PSOE y Podemos, como es lógico al provenir del Gobierno central que componen, fueron más positivos, aunque señalaron carencias.

De hecho fue IU la única formación que defendió el fondo sin matices. Para su portavoz en Hacienda (y en todo), Álvaro Sanz, se trata de «una medida histórica que vuelve a demostrar el compromiso con los servicios públicos más castigados por la pandemia y con los esfuerzos que las comunidades han realizado».

Desde el ala derecha de la oposición, como era de esperar, la acogida no fue buena. Para Carmen Susín, responsable del área en el PP, es de lamentar «que una vez más se prime la población en temas tan importantes como la sanidad y la educación, donde el coste de los servicios es fundamental». A su juicio, «Lambán ha estado callado y eso lo vamos a pagar los aragoneses».

En la misma línea, el portavoz del área de Ciudadanos, José Luis Saz, consideró que, aunque el criterio no sea exactamente igual, «replica los defectos que se producen en la financiación autonómica», al no tener en cuenta como debería el coste real de la dispersión. «Más aún en educación, en un territorio donde hay que tener escuelas con tres niños».

Vox, a través de un texto, señaló que, «curiosamente, la escasez de pruebas PCR», aspecto que han denunciado «reiteradamente, nos perjudica», La formación ultraderechista atribuyó el problema a la «estructura autonómica generadora de desigualdades entre los españoles».

Pero incluso más duros fueron en CHA y el PAR. El presidente de la primera, Joaquín Palacín, analizó de forma «muy negativa» el reparto, señalando que «de nuevo desde Madrid no se tiene en cuenta el precio de los servicios en el mundo rural, ni en el transporte ni en la vivienda ni en la educación y sanidad». Jesús Guerrero, por parte del PAR, juzgó directamente que este reparto supone considerar a los aragoneses como «españoles de tercera», cuando no queremos ser «ni más ni menos que nadie». «Lamentamos que Aragón vuelva a salir perjudicada de las desisiones del Gobierno central», reiteró.

Para Darío Villagrasa, del PSOE, es de valorar la puesta a disposición de este fondo «en una crisis que nuestro país y el continente europeo nunca había conocido», pero lamentó que no se valore el coste real y que haya «predominado el criterio poblacional». En la misma línea, Podemos, a través de un comunicado, consideró que «ojalá, durante la crisis anterior, el Gobierno central hubiese realizado transferencias a fondo perdido», y valoró que se modulasen los criterios de población, aunque lamentó que no se hubiese tenido en cuenta la respuesta en atención primaria.