El PAR urgió ayer al Gobierno de Aragón a que publique un Decreto Ley que regule de forma «específica» la actividad de las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) concedidas por el Gobierno autonómico para evitar situaciones de intrusismo en el sector del taxi.

Esta iniciativa se incluye en la pregunta parlamentaria registrada por la formación en las Cortes de Aragón, que dio a conocer ayer en rueda de prensa la diputada Elena Allué, junto a la solicitud de comparecencia del consejero de Movilidad, José Luis Soro, ante el pleno para que informe sobre la situación actual del sector del taxi.

Allué explicó que la actividad de las dos modalidades de transporte en vehículos turismo de hasta nueve plazas -la habilitada con licencia VT concedida por los Ayuntamientos (taxi) y la habilitada con licencia VTC concedida por el Gobierno de Aragón- aunque difieren, «compiten en un mismo mercado».

Si no se respetan las reglas de convivencia entre ambas se pueden producir situaciones de «intrusismo» que perjudiquen seriamente al sector del taxi, indicó Allué.

NORMATIVA

Por ello, insistió en que hace falta una «regulación de la actividad de las licencias de VTC y su transmisión, para que se adopten medidas que impidan la especulación, regulen el método de trabajo y el régimen sancionador». El PAR recordó que el pasado 20 de abril, el pleno de las Cortes aprobó por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley del taxi, presentada por esta formación y que en este momento se encuentra en tramitación parlamentaria.

La diputada del PAR, Elena Allué, recalcó que esta «acción política» surgió de la demanda de regulación por parte del sector del taxi, que «traslada a miles de familias en la comunidad aragonesa, sobre todo zaragozanas». Actualmente, este sector cuenta con 1.777 autorizaciones en la capital aragonesa, 57 en Huesca, 17 en Teruel, 12 en Calatayud y una en Cuarte.

El pasado junio, el Gobierno de Aragón derogó la resolución, de 2008, que establecía que por cada 12,5 licencias de taxi, se permitía una de VTC. La nueva normativa, que entró en vigor este verano, reestablece la proporción fijada por el Gobierno central, más restrictiva, con una ratio de 1 a 30. Este cambio se produjo tras un mes de mayo de numerosos paros y manifestaciones en las ciudades españolas donde operan Uber y Cabify.