- El PAR ha presentado en las Cortes una iniciativa para que el Gobierno de Aragón elimine las trabas administrativas que frenan el fomento de la pesca y recreativa, así como a eliminar las restricciones legales, dado que la ley nacional está en vías de ser modificada.

En rueda de prensa, la senadora aragonesista Rosa Santos ha informado de que la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad prohíbe la introducción, transporte, posesión, tráfico y comercio de varias especies invasoras, presentes sobre todo en la zona del Bajo Aragón y el Mar de Aragón.

En este sentido, una sentencia del Tribunal Supremo estableció que se debía proceder a la muerte de estas especies exóticas una vez capturadas, pero Santos ha indicado que la propia legislación permite que las comunidades autónomas excluyan esta eliminación por motivos de importancia socioeconómica para la zona.

Del mismo modo, ha señalado que, después de que el PAR lleve más de un año trabajando en ello, la semana pasada consiguió el compromiso de la ministra para cambiar la ley, que se hará además mediante el trámite de urgencia y con el apoyo del PSOE.

Sin embargo, ha denunciado que, frente a otras comunidades como Andalucía o Extremadura que han actuado con "principio de prudencia" a sabiendas de que se va a modificar la norma, Aragón aprobó un plan de pesca para 2017 que restringe todavía más tanto la sentencia como la aplicación de la ley.

Esta plan recoge el sacrificio de todas estas especies capturadas y prohíbe la repoblación, ha explicado la diputada autonómica Lucía Guillén, a la vez que no restringe la posesión y el transporte, por lo que considera que podrá traer pesca furtiva a la zona, algo que pone en peligro el medioambiente.

Ha insistido en que estas restricciones afectan a un 85 por ciento de las especies que viven a día de hoy en Aragón, que ya están naturalizadas y que algunas de ellas fueron introducidas ya en la época romana.

La normativa autonómica, además, habla de unos contenedores para depositar estos peces pero sin ninguna referencia a quién ha de asumir el coste ni quién va a gestionar el servicio de recogida, por lo que traslada el problema de la gestión de las especies exóticas, que debería resolver la Administración, a los propios pescadores generando un impacto "gravísimo" en zonas que tienen esta actividad como medio de vida, ha asegurado.

De hecho, ha subrayado, las consecuencias ya han empezado a notarse a pocos días del inicio de la temporada, con una reducción del 50 por ciento de las reservas turísticas, del 45 por ciento en el alquiler de barcas y también lo han notado los alojamientos rurales y todo el entramado empresarial que depende de esta práctica.

Asimismo, Guillén ha explicado que en las zonas del Mar de Aragón y Ribarroja, el mayor escenario de pesca del viejo continente, en 2016 se registraron 116.471 y 58.535 ocupaciones, respectivamente, y ello sin ni siquiera hacer campañas de promoción importantes en el resto de Europa, que es de donde proceden la mayor parte de los pescadores.

Por todo ello, los aragonesistas piden al Gobierno de Aragón que tramite las autorizaciones administrativas correspondientes para fomentar la pesca recreativa y deportiva y que suspenda el Plan General de Pesca de 2017 mientras se ajuste la legislación estatal, ya que su aplicación "no es beneficiosa".

Además, ha tachado de "antagónico" lo llevado a cabo por el PSOE en Aragón cuando en Madrid están reivindicando estos mismos cambios.

Rosa Santos ha añadido que están "bastante desconcertados" con la actitud del Gobierno autonómico de desarticular sectores como este que son claves para fijar población y que en términos de empleo son "muy voluminosos".