El PAR ha presentado en las Cortes una ley de aguas y ríos de Aragón con la que pretende que la Comunidad tenga las máximas competencias que permiten la legislación básica de aguas, desarrollar los preceptos del Estatuto de Autonomía contra los trasvases y habilitar nuevas herramientas para la gestión de la reserva de agua de Aragón.
El presidente del grupo del PAR, que también es presidente de la Cámara, José Ángel Biel, ha presentado hoy el texto, que los aragonesistas han registrado en las Cortes en solitario, al margen de su socio de Gobierno, el PP, a pesar de formar parte del pacto para la gobernabilidad de la Comunidad, por un aspecto formal, ha dicho, ya que el PAR lleva el agua en su "ADN" y es un "referente nacional" en su defensa.
No obstante, ha indicado que del proyecto de ley, que ya se tomó en consideración la pasada legislatura -en la que gobernaba con el PSOE aunque no se pudo tramitar por falta de tiempo-, se ha hablado con el PP y que el PAR lo presenta en solitario para "huir un poco de esa dicotomía entre Gobierno y oposición".
El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha explicado que el texto se compone de doce títulos, 111 artículos, 9 disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y dos finales.
Recoge además los aspectos fundamentales de lo que sería la legislación del agua en Aragón: organización, competencias, gobernanza -a través de la Comisión del Agua-, planificación, infraestructuras, dominio público hidráulico, prevención de riesgos por inundaciones o sequías, impuesto sobre la contaminación del agua y régimen sancionador.
Como aspectos esenciales ha destacado que Aragón tendría las máximas competencias que permite la legislación básica de aguas, mediante la encomienda de la administración general del Estado a Aragón tanto de las obras hidráulicas de interés general como de buena parte de las tramitaciones que actualmente se realizan por parte de los organismos de cuenca.
Así, el PAR propone que la Comunidad Autónoma, a través del Instituto Aragonés del Agua, sea la competente para gestionar la tramitación de las autorizaciones en dominio público hidráulico, concesiones, vertido y obras hasta la fase de propuesta de resolución, si bien la firma final seguirá siendo de los organismos de cuenca como marca la legislación básica.
Boné ha resaltado que otras comunidades ya tienen fórmulas de gestión similares, como Cataluña, País Vasco o Andalucía.
Ante un posible intento de "trasvase" desde cualquiera de las tres cuencas hidrográficas de las que forma parte Aragón, el PAR especifica en la ley quién debe elaborar los informes preceptivos que prevé el Estatuto de Autonomía: el Gobierno de Aragón, que deberá elevarlo a las Cortes para la aprobación final.
Para la propuesta que deberá elevar a la Cámara aragonesa, el Ejecutivo autonómico recabará al menos informes del Instituto Aragonés del Agua, del Consejo de Ordenación del Territorio, de la Dirección General de los Servicios Jurídicos y del Consejo Consultivo de Aragón.
En cuanto a la reserva de agua de uso exclusivo de los aragoneses, 6.550 hectómetros cúbicos, el PAR plantea, en tanto no se encomiende su tramitación, que los informes que realice Aragón sobre las concesiones de agua incluidas en la reserva serán vinculantes para los organismos de cuenca.
Es decir, serán los organismos de cuenca los que resuelvan, porque lo exige la ley básica, pero tendrán que hacerlo mediante informe vinculante de Aragón, en aras del uso exclusivo que reconoce el Estatuto y que se plasma en la planificación del Estado.
Por su parte, el diputado Antonio Ruspira ha explicado que la proposición de ley propone mantener el impuesto sobre la contaminación del agua en los términos ya aprobados en la ley de medidas que acompaña a los Presupuestos de este año.
Boné ha hecho hincapié en que el PAR espera negociar el texto con todos los grupos para alcanzar el máximo consenso y si es posible la unanimidad, al tiempo que ha destacado que podría aprobarse prácticamente en 2015, coincidiendo con el centenario de la promulgación en 1915 de la ley de riegos del Alto Aragón, una de las leyes más importantes que se han aprobado para un territorio y a la vez más inconclusas.
El texto, ha recalcado Biel, es "históricamente muy importante desde todos los puntos de vista" y afecta a las "ideas fuerza" con las que nació el PAR hace 37 años: autonomía y autogobierno, territorio y agua.
En este último caso, ha remarcado, tienen como referencia las obras del Pacto del Agua, la necesidad de que la Comunidad gestione la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos previstos en el Estatuto y la oposición al trasvase, y han conseguido convencer a dos socios sucesivos, al PSOE y al PP en Aragón, y hacerlos "antitrasvasistas".
