El Gobierno de Aragón cifra en más de 200 millones de euros el efecto de la situación de bloque político en Madrid. Claro que en esta cifra, poco precisa, siguen incluyendo conceptos que no tienen mucho que ver con ella, como los 75 millones de euros de más de autorización de gasto que hubiera supuesto la ampliación de dos décimas del objetivo de déficit, que los partidos de la oposición tumbaron pese a la inicial autorización de la Unión Europea.

En cualquier caso, fuentes de la consejería de Hacienda explicaron que la cifra incluye no solo este concepto, sino los 90 millones de euros que quedan pendientes del cobro del IVA autonómico, que se siguen sin transferir. El resto corresponde a las menores cuantías de entregas a cuenta de lo que hubiera percibido de haber un presupuesto estatal, y más teniendo en cuenta que, con la mejora de la situación económica, se preveían cantidades mayores.

La cifra es la misma que manejaban a principios de año por la prórroga presupuestaria estatal, que el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, llegó a duplicar en una comparecencia en las Cortes, en la que detallaba unos 140 millones de mermas en financiación autonómica (incluido el IVA) y otros 160 millones de subvenciones (como el Fite) y conferencias sectoriales que no se celebran por no haber presupuestos.

El Ayuntamiento de Zaragoza también vive una situación complicada. Aunque en esta institución ya hay un nuevo Gobierno, lo tiene difícil para darle un acelerón a la inversión en lo que resta de año. La parálisis del Gobierno central afecta en menor medida a las arcas municipales, ya que la previsión de ingresos de este año era similar a la del 2018.

FINANCIACIÓN

Desde la concejalía de Hacienda explicaron que ascienden a 240 millones, de los que 232 provienen del Fondo complementario de financiación y el resto de beneficios fiscales y bonificaciones del autobús. Que el Gobierno central no tenga presupuestos sí que dificulta la elaboración de las cuentas municipales del 2020, que el nuevo equipo comenzará a elaborar tras el verano. Desde Hacienda explicaron que no podrán hacer una estimación real y certera de lo que se ingresará desde el Estado en su borrador presupuestario mientras el Gobierno Central siga paralizado. Esta situación afecta por igual a todas las instituciones.

Que en la DGA estén en la misma situación no se tiene por qué notar en las arcas municipales. O no debería, porque los convenios firmados en materia de servicios sociales, como la ayuda a domicilio, están firmados por una cuantía concreta que el Ejecutivo autonómica debe pagar.

De esta manera, aunque en el 2018 (presupuesto prorrogado y en curso) ascendiese a 12 millones, la DGA tiene que abonar este curso los 17,2 millones acordados, matizan desde Hacienda. Lo mismo sucede con la Ley de Capitalidad. En este caso el pago suele ir con retraso. Este año se ingresaron los 8 millones correspondientes al 2018, y los del 2019 todavía no han sido abonados.

Donde aparecen los problemas es en la propia prórroga de las cuentas municipales ya que los gastos del 2019 son los correspondientes a los créditos iniciales del presupuesto del 2018. Esto ha obligado a hacer modificaciones de crédito para pagar las subidas de los funcionarios, o las subvenciones de las entidades sociales.

Otro problema que surge es la gestión de nuevos servicios adjudicados que pueden ser más caros que los anteriores. En cuanto a las inversiones, las que se prorrogaran son las que tienen financiación afectada.