La protesta de cientos de personas logró paralizar de manera temporal el desahucio de Mari Carmen y sus dos hijos de su vivienda, en el barrio de la Magdalena de Zaragoza, previsto para la mañana de ayer. Entre 150 y 200 vecinos acudieron a la llamada de Stop Desahucios y la Asociación de Promoción Gitana de la capital aragonesa para evitar que expulsaran de su hogar a esta mujer, actualmente embarazada, y a sus dos pequeños, de 4 y 6 años.

La vivienda, ubicada en el número 147 del Coso, pertenecía a una promotora y desde el 2016 es propiedad de Labotal Kutxa. La mujer intentó negociar un alquiler social con esta entidad bancaria, pero en el pasado mes de diciembre recibió la notificación de desahucio.

La protesta ha empezado a congregar participantes pasadas las 9 de la mañana, estando previsto el desahucio a las 10, y ha transcurrido sin incidentes. Una gran pancarta con el lema Por el derecho a la vivienda ¡Stop desahucios! se desplegó en la acera que da acceso al portal, donde los participantes mostraron su rechazo al desalojo de Mari Carmen. Esta mujer se mostró «emocionada» por la respuesta de sus vecinos, con los que se mostró «muy agradecida».

«No me esperaba tanta respuesta», subrayó Mari Carmen, embarazada de 6 meses y medio. También detalló que, intentó hablar con el banco para solucionar su situación sin que este le diera más respuesta que una petición de información en junio del 2016, el año en el que cambió de manos la propiedad. Lo hizo para evaluar si le hacía un contrato de alquiler, un hecho que, tras el silencio, encontró la siguiente respuesta en diciembre del pasado año, con la demanda de desahucio. Ante ello, trató que el servicio de Mediación del consistorio zaragozano negociara el alquiler con la entidad.

Desde entonces también ha buscado que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón le presten los servicios relativos a la emergencia habitacional y actualmente se encuentra en lista de espera de los registros de Vivienda Social de ambas administraciones. El camino de esta mujer también ha pasado por buscar un arrendamiento que se amoldara a sus ingresos -trabaja a jornada parcial- pero no lo ha encontrado en el mercado libre.

Desde Stop Desahucios se mostraron satisfechos de que la lucha en la calle «da resultados» y relataron que el siguiente paso será volver a hablar con el banco para que hagan un alquiler social a esta familia monoparental.

También buscarán la respuesta de las administraciones implicadas, ya que denuncian que no se aplica el artículo 19.2 de la ley autonómica 10/16, que garantiza del derecho a una alternativa habitacional digna.

Al respecto, explicaron que actualmente los desahucios hipotecarios son los menos, a diferencia de los años de la crisis, y que, en cambio, la mayoría se deben a alquileres y finalizaciones de contrato, dos situaciones en las que observan una mayor indefensión de los afectados.

El portavoz de la Asociación Promoción Gitana, Noé Bautista, se mostró «enormemente emocionado y satisfecho» aunque matizó que la sensación «es agridulce», ya que el problema de esta familia «no se ha solucionado». No vamos a permitir el desahucio, nos pondremos una y otra vez en la puerta», aseveró.

Además, consideró que este no es el único caso de la ciudad, sino que hay «muchísimos», e instó a las administraciones a que «amplíen los recursos». Bautista se refirió a un perfil común, que tiene «contratos precarios o temporales» o bajo alguna prestación social y que «no tiene alternativa habitacional porque en el alquiler libre piden unas garantías que no están a su alcance».