El desahucio previsto para esta mañana en Torrero se ha paralizado. Esperanza Fernández y sus tres hijos de 12, 13 y 16 años -el mayor de ellos con 50% de discapacidad-, permanecerán en su vivienda, ya que según ha explicado la plataforma 'Stop Desahucios', desde el juzgado les han confirmado la paralización.
“Este desahucio era muy difícil, ayer éramos muy pesimistas, y si se ha parado ha sido porque la policía ha pasado varias veces y ha visto el montón de gente que estábamos aquí, han sacado cuentas de la rentabilidad económica que supone el desahucio y del impacto social que les podía suponer una intervención policial violenta y han decidido no realizarla”, ha explicado Pablo Híjar, integrante de la plataforma.
El desalojo se iba a producir en una de las viviendas de un bloque okupado y propiedad de Sareb. Hasta allí se han acercado alrededor de 50 personas que se han sumado a la plataforma 'Stop Desahucios' para apoyar a Esperanza y su familia, mientras que no hubo presencia policial. “Esto no ha sido producto de grandes negociadores porque ya se habían agotado, la vía judicial la teníamos agotada, y somos conscientes de que la abogada de turno ha hecho todo lo que ha podido, aun así estaba perdido”, apuntó Híjar tras conocer la noticia, ya que la agrupación ha sido la encargada de llamar al juzgado para preguntar, después de que un cerrajero -enviado desde Barcelona- se ha presentado para poner una alarma y se ha marchado sin realizarlo.
Esperanza, que vive sola con sus hijos y sufrió violencia de género, ha dado las gracias a todos los asistentes muy emocionada. “Me he visto muy arropada por todos, os lo agradezco en el alma. Nos tenemos que unir y ayudar a otras personas que están igual que nosotros. El bloque es todo okupa y en cualquier momento también remitirán contra ellos”, ha dicho.
Según detalla Concha Cano, la portavoz de la plataforma, Sareb dice que atiende a situaciones vulnerables y han estado con negociaciones desde el año 2016, pero de repente, ha pedido la ejecución de la sentencia. “Nos consta que la propiedad no quiere dejarla aquí porque su abogada ha hecho varios escritos al juzgado y Sareb ha respondido a todos que no y ha vuelto a pedir ejecución”, ha apuntado. La afectada indica que la quieren desalojar después de haber hecho un trato “de que se me iba a reubicar a otra vivienda”.
Para Esperanza es un “alivio”, tal y como ha descrito tras saber que permanece en el piso. “Ahora la situación es la misa, pero tengo un techo donde estar con mis hijos, hasta que yo pueda encontrar una vivienda digna donde poder meterme”, ha manifestado. La zaragozana defiende que “no es que no quiera pagar alquiler”, sino que para ella es difícil llevarlo a cabo, “cobro la ayuda del IAI, pero es muy complicado alquilar vivienda si no tienes contrato y nómina para hacer el seguro de impago, y tienen que entender que somos familias vulnerables y con el IAI no tenemos derecho a nada, no podemos alquilar una vivienda normal como otras personas”, ha denunciado. Y exige que desde el Gobierno de Aragón y Zaragoza Vivienda se les escuche y ayude, “que nos atiendan”, ha pedido. “No me gusta estar de ocupación, simplemente no tenemos otra opción”, ha asegurado.
Pablo Híjar ha manifestado que Esperanza no tienen donde ir, y "si no se quedaba en la vivienda, la única alternativa era una pensión”. “El objetivo final tendría que ser que este bloque de cuatro pisos que está okupado tenga un fin social y se regularice a las familias que hoy lo habitan. No vale con el IAI, hay que dar más apoyo a las familias que tienen una situación compleja”, ha defendido.
Decenas de familias
La plataforma ha explicado a los asistentes que en la asamblea cuentan con decenas de familias en la misma situación que Esperanza. “A más de 10 familias refugiadas sirias les han dejado tirados después de los dos años que había ayuda del programa”, han especificado.
Este ha sido el primer desahucio paralizado en Zaragoza por la plataforma después del estado de alarma. “No han hecho nada malo, están okupando un piso que procede de ejecuciones hipotecarias y es un piso que tendría que acabar en las bolsas de alquiler social públicas”, ha subrayado Híjar.
La plataforma ya tiene previsto acudir a más desahucios para las próximas semanas. “Ha sido un acelerón del proceso, antes de terminar el estado de alarma, cuando los juzgados empezaron a trabajar, ya empezaron a señalar fechas de desahucios”, ha comentado Cano.
