El PP reunirá al resto de grupos de la cámara autonómica esta misma semana para ofrecer soluciones a los puntos de fricción que impiden la aprobación del reglamento de las Cortes de Aragón. Entre las cuestiones que motivaron el desencuentro figura la publicación del patrimonio de los diputados. El coordinador de la ponencia, el popular Antonio Torres, propondrá que el nuevo texto no entre en vigor hasta la próxima legislatura. Así no se cambian las normas justo al final del actual periodo legislativo, y los nuevos diputados sabrán ya a qué se atienen si resultan elegidos en el parlamento autonómico.

La reforma del reglamento quedó aparcada a mitad de la legislatura por la falta de acuerdo en cuatro puntos concretos. Los grupos elaboraron un texto, que pasó por el pleno y que cuando llegó a la ponencia ordinaria para su redacción definitiva, fue desechado por la imposibilidad que fuese aprobado por unanimidad. La publicación del patrimonio fue uno de los principales escollos. Uno de los ponentes, José Ángel Biel (PAR), no era partidario a que se diesen a conocer unos datos que a su modo de entender solo contribuían al morbo. Con esta solución, la de posponer la entrada en vigor de la nueva normativa hasta que se constituyan las nuevas Cortes, en las que ya no estará en actual presidente del Parlamento, se daría con una salida salomónica a este punto muerto.

AUDIENCIA PÚBLICA Otra de las cuestiones por dirimir era la audiencia pública, una propuesta que el PSOE puso sobre la mesa en la ponencia ordinaria, y que buscaba la máxima transparencia y participación. El acuerdo, en este caso, podría radicar en una solución intermedia entre los grupos que pretender abrir las Cortes a la presencia de todo tipo de colectivos, y los que apuestan por un mayor control de las sesiones y en la asistencia a los plenos para evitar problemas de orden público.

El reglamento tuvo también en el letrado mayor de las Cortes una de las principales piedras en el camino. Era una de las propuestas personales del presidente del parlamento, y ponente del PAR. Se apostaba por que esta figura pudiese ser seleccionado fuera de los funcionarios de la cámara.

Hasta ahora el requisito para ocupar este puesto era tener plaza en la casa. En este punto, la solución pasaría por permitir a los grupos que se oponen a esta propuesta que votasen en contra de este aspecto, pero que apoyasen globalmente el texto. Así se aseguraría una mayoría suficiente.

El último aspecto controvertido era la composición de la Mesa de las Cortes de Aragón, hasta ahora integrada por el presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios. En el nuevo reglamento se eliminaban los secretarios y se pasaba a tener cuatro vicepresidente. La propuesta no terminaba que convencer a todos los partidos, así que podría quedarse como estaba para contentar a todos.

El coordinador de la ponencia ofrecerá estas soluciones a los grupos y en función de la receptividad que obtenga convocará de nuevo al grupo de trabajo, en el plazo de quince días, para alcanzar un acuerdo y llevarlo pleno antes de que termine la legislatura. El único requisito que se marca Antonio Torres es lograr un apoyo al texto superior al actual reglamento, lo que implica que todos los grupos respalden la normativa que regirá el Legislativo durante los próximos años.