La interrupción temporal de pagos ordenada por el alcalde Juan Alberto Belloch en el Ayuntamiento de Zaragoza podría afectar a facturas por valor de 54 millones de euros y aumentará las ya elevadas peticiones de intereses de demora que sufre el consistorio. Los grupos de la oposición lanzaron ayer duras críticas contra el equipo de Gobierno PSOE-CHA y consideraron "alarmante" la situación. Se está dando, dijeron, una imagen de ciudad "poco seria" que perjudica a Zaragoza.

El alcalde accidental, el nacionalista Miguel Gargallo, respondió que el decreto del alcalde "únicamente aplaza los pagos hasta que se apruebe en septiembre el plan de estabilidad presupuestaria", y aseguró que se está haciendo frente a los gastos básicos de personal, seguridad social y otras facturas prioritarias.

Oposición y Gobierno se cruzan acusaciones y culpabilidades sobre la excepcional situación creada. PP y PAR destacan que las "suspensión de pagos" está motivada por el retraso en la aprobación del plan de estabilidad presupuestaria, necesaria para poder pedir los créditos previstos en las cuentas del 2004. "No han sido capaces de ponerse de acuerdo y a hora cargan con el problema los proveedores", aseguró el portavoz económico popular, Ricardo Mur.

Por su parte, el Gobierno PSOE-CHA recuerda que ha sido el déficit "generado por el PP" el que ha obligado a elaborar el plan de equilibrio de las cuentas municipales. El legado económico recibido de los populares, insisten, es el responsable de las medidas excepcionales tomadas.

Los responsables municipales ya advirtieron el pasado mes de julio que la falta de acuerdo sobre el plan provocaría un retraso en los pagos a proveedores. Los socialistas, que gestionan el departamento de Economía, mantienen que en los últimos tiempos el ayuntamiento está pagando sus facturas a un plazo medio de 60 días, y que esté debería ampliarse hasta los 90 o 120 días.

El retraso se ha confirmado con el decreto del alcalde del pasado 30 de julio y, según el PP, puede alcanzar a pagos por valor de 54 millones de euros. La suspensión, explicó Mur, será de dos meses, y cada 30 días el ayuntamiento hace frente a unos gastos corrientes y de inversión de unos 27 millones de euros, sin contar con el personal y los intereses.

Mur exigió ayer al Gobierno municipal que informea los proveedores, que son, dijo, "los primeros afectados".

El PP coincidió con el PAR en advertir de las medidas negativas que el decreto y su aplicación pueden tener la ciudad. "Esta medida minará sin remedio la credibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza y puede alejar a las empresas", señaló Mur.

Para Manuel Blasco, portavoz municipal del PAR, es "preocupantes la imagen de ciudad poco seria que seda en un momento delicado para Zaragoza. No se puede esperar al 31 de julio para dejar a la ciudad atrapada en una suspensión de pagos".