Representantes legales de las partes en litigio, así como peritos y miembros del Seprona, visitaron ayer la finca de La Herradura, en Caspe, sobre la que se investiga un presunto delito ecológico en el que están imputados miembros de la Administración autonómica y políticos locales. Se trata de un paraje ubicado en una península del Ebro en el que se llevó a cabo una actuación urbanística y agrícola que fue denunciada por vulnerar, supuestamente, la normativa medioambiental.
La diligencia practicada ayer consistió en un reconocimiento judicial en el que las diferentes partes visitaron las instalaciones de la finca y contrastaron la información recabada con el contenido de los informes de la Guardia Civil y con los elaborados por los peritos de oficio y los propuestos por los denunciados.
Entre los imputados figuran dos exalcaldes de Caspe (Mariano Gómez Callao y Teresa Francín), tres exconcejales, la secretaria y un exarquitecto municipal. En el caso aparecen asimismo los técnicos que realizaron los proyectos para la transformación en regadío de una zona protegida por ser un refugio de aves y también un lugar de interés comunitario.
Esta transformación del suelo entrañó la roturación de espacios que, en principio, no deberían haberse destinado a ese fin por estar protegidos.
