El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros una partida de 650.000 euros para exhumar e identificar a víctimas de la Guerra Civil inhumadas en el Valle de los Caídos y cuyas familias reclaman desde hace años, según han confirmado a fuentes del Gobierno.
Según el censo del Ministerio de Justicia, en el Valle de los Caídos yacen los restos de 33.833 personas -casi la mitad sin identificar- de ambos bandos de la Guerra Civil, que fueron llevados allí entre 1959 y 1983 desde fosas y cementerios de todo el país.
Dos de esas víctimas son los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Lapeña Altabás. Sus familiares, que viven en Aragón, se han enterado esta mañana de la noticia y la han calificado de "un paso más" hacia la exhumación de sus seres queridos, si bien han subrayado que la medida "llega muy tarde".
Desencantados por la tardanza
Desencantados por la tardanza"Llevamos ya 12 años con esta lucha y la verdad es que no hemos conseguido nada pese a que una sentencia ya nos dio la razón hace ahora cinco años", ha manifestado Miguel Ángel Capapé, cuya esposa es nieta de uno de los dos fusilados, mientras que el otro era su tío-abuelo.
"Se han hecho cosas", ha indicado Capapé, que es responsable de la Asociación para la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico), "Pero en nuestro caso llegan tarde, pues mi suegro, que tiene 97 años y es hijo de uno de los fusilados, ya no se va a enterar, pues tiene problemas debido a su avanzada edad", ha explicado.
"Lo peor es que ni siquiera hay fechas para la exhumación", ha continuado Capapé, que se siente desencantado con lo sucedido. "Es lo que pienso ahora, nada más enterarme, por el mucho tiempo perdido", ha reconocido.
Procedentes de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), fueron fusilados por las tropas franquistas en 1936 y enterrados en Calatayud, pero en 1959 fueron reinhumados en el Valle de los Caídos.
Sentencia judicial
Un Juzgado de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) reconoció en 2016 a sus familiares el derecho a recuperar sus cadáveres enterrados en el Valle para trasladarlos a su localidad natal, aunque los trámites se han demorado desde entonces.
Los presupuestos generales del Estado para 2021 ya prevén una inversión de 11,3 millones euros para impulsar las políticas de Memoria Democrática, entre las cuales destaca un plan de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura junto a la creación de un banco nacional de ADN y un censo de víctimas.
La memoria de objetivos del presupuesto detalla que con esta partida se presupuestan "actuaciones de intervención" en las criptas del cementerio ubicado en el enclave para "realizar las tareas de exhumación que permitan proceder a la identificación del mayor número posible de los restos allí depositados".
Barranco de la Bartolina
En las primeras semanas de la guerra civil española fueron detenidos el veterinario y un herrero de Calatayud, los hermanos Manuell y Antonio Ramiro Lapeña Altabás.
Manuel Lapeña, además de delegado de veterinaria en el municipio era un miembro destacado de la delegación sindical de la CNT en la zona. Fue fusilado por los sublevados el 14 de agosto de 1936 en el llamado barranco de la Bartolina, sin juicio previo.
Por su parte, su hermano Antonio, herrero y simpatizante del movimiento obrero, fue fusilado en las tapias del cementerio municipal el 20 de octubre tras permanecer huido varios meses. Tampoco hay una condena a muerte previa. Ninguno se había visto envuelto en acciones violentas.
En 1958 los restos que se encontraban en la fosa común fueron trasladados a nueve columbarios, sin registros ni permisos, del recién levantado Valle de los Caídos, en el municipio de San Lorenzo de El Escorial, en el paraje de Cuelgamuros.
Proceso por la vía civil
En noviembre del 2014 sus familiares iniciaron un proceso por la vía civil para reclamar que fueran identificados y exhumados y en mayo del 2016 un juzgado de San Lorenzo del Escorial emitió un auto aceptando la reclamación al reconocer el derecho "a la digna sepultura" de ambos hermanos.
En el texto, firmado por el magistrado José Manuel Delgado, se establece "la realización de las actuaciones pertinentes en el cementerio del Valle de los Caídos a los efectos de llevar a cabo la entrega de los restos cadavéricos de los hermanos a su familiar Purificación Lapeña Garrido tras la identificación positiva de los mismos, con el fin de darles digna sepultura".
En la basílica ahora mismo están documentados más de 33.000 cuerpos y únicamente dos de ellos están identificados. El de Francisco Franco y el de José Antonio Primo de Rivera.
Difícil localización
El auto judicial establecía que, además de la identificación y entrega de los restos humanos, se procederá a la inscripción en el Registro Civil de las causas de la muerte de los dos hermanos. El principal escollo para el cumplimiento del auto es la identificación de los cuerpos en la basílica del Valle de los Caídos, propiedad de Patrimonio Nacional.
El proceso para identificar los cuerpos, que presumiblemente se encuentran en un columbario de la tercera planta de la Cripta del Sepulcro, con otros ochenta asesinados (en nueve cajas) en Calatayud será similar al utilizado para buscar a Miguel de Cervantes en el convento de las Trinitarias de Madrid. El mal estado de las criptas y los informes técnicos desfavorables hacen que no se puedan avanzar plazos para la identificación definitiva.
