Será preciso, pues, aclarar lo que (más allá de la horrible matanza) pasó el 11 y el 12 y el 13 de marzo? Porque si la autoridad judicial se empeña en ello y si el anterior Gobierno insiste en el tema, aquí no tendremos otra salida que volver sobre nuestros pasos y recordar cómo Aznar, Acebes y Zaplana intentaron durante aquellos tres tremendos días usar la conmoción para ganar las elecciones. Aunque, como todos sabemos, el tiro les salió por la culata.
Me parece escandaloso que un juez zaragozano esté llamando a decenas de ciudadanos para interrogarles (o lo que sea) sobre sí estuvieron o dejaron de estar en la concentración convocada vía móvil que tuvo lugar en la noche del 13-M frente a la sede local del PP. Imputarles un delito electoral (o lo que sea) a estas personas vendría a ser como si las víctimas de una clamorosa estafa fueran encausadas porque sus protestas perjudicaran el buen nombre de sus timadores.
Hay acontecimientos en la vida política española que han transcurrido ante nuestros plebeyos ojos. Sobra pues toda explicación posterior. La administración política, mediática (y por lo tanto electoral) del estado de shock que sufrió el pueblo español tras los atentados del 11-M se hizo sin ningún disimulo en Televisión Española y el resto de los medios (aunque algunos no colaborásemos en el trajín). Y fue todo tan obvio y tan desgraciado, tan evidente y tan notorio, que no sé explica uno cómo podrá esa comisión investigadora decidida por el Parlamento ir más allá de lo que todos vimos en vivo y en directo.
En la tarde/noche de quel día 13, la ciudadanía avisada que salió a la calle y se concentró ante las sedes del PP encarnaba el espíritu de la democracia frente a los trucos de un Gobierno que no sólo intentaba disfrazar la verdad, sino que pretendía convertir una tragedia nacional en la coartada definitiva para erigirse en gestor único del tiempo preelectoral. ¿Es acaso un delito exigir la verdad?
