Rogelio Silva tiene los días contados como jefe de servicio de Administración Local. La directora general de esta misma área, Paula Bardavío, está preparando una reestructuración que implicará prescindir del que fuera consejero de Política Territorial en la etapa socialista. El cambio se hará efectivo en los próximos meses, aunque a efectos prácticos ya apenas ejerce.

Esta destitución añade un grado más de tensión en la consejería de Política Territorial, en la que su titular, Antonio Suárez, ya le quitó hace unos meses a Paula Bardavío sus competencias en materia de personal, concretamente en todo lo concerniente a secretarios e interventores. Ahora ya no tiene firma y puede tomar decisiones al respecto. Si la relación entre la directora general y Suárez es tensa, la reestructuración en las jefaturas de sección no hace sino agravar la situación interna en el departamento.

De hecho Suárez no ha tenido nada que ver en la remodelación de la dirección general de Administración Local. Ha sido su propia responsable, Paula Bardavío, la que la ha emprendido. Destituye a Rogelio Silva, que hasta el 2011 fue consejero de Política Territorial y hasta octubre del 2012 director general de Vivienda.

La guerra entre Suárez y Bardavío requirió incluso la mediación del presidente del PAR, José Ángel Biel, pues el enfrentamiento se produjo en plena negociación de los presupuestos. El nuevo episodio de desavenencias se produce sin embargo entre dos miembros del mismo partido. Ambos son miembros de la ejecutiva aragonesista que se reúne hoy. Algo que no sucedía desde el pasado mes de mayo.

PUGNA La reestructuración en la dirección general de Administración Local hay que leerla en esos términos, una pugna dentro del PAR. Rogelio Silva nunca ha sido un hombre de partido, pese a estar en la cúpula. Su dimisión como director general de Vivienda, por desavenencias con el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, no sentó bien a los dirigentes aragonesistas. Mucho menos que en las ejecutivas mostrase siempre una postura crítica con las decisiones del presidente José Ángel Biel.

Silva no se ha mordido nunca la lengua, y así lo ha dicho en varias ejecutivas. Ha insistido en la idea de que el proceso de renovación de ideas debería de haberse abierto mucho antes. También en que el congreso tendría que adelantarse, y desde luego que la democracia interna del partido tiene que estar garantizada con sus órganos oficiales.

El actual jefe de servicio de Administración Local es nivel 30 de la comunidad autónoma. Una vez lo destituyan tendrán que crearle una plaza de su categoría. O como mínimo de nivel 28. Contar con un puesto fijo de funcionario le ha dado libertad para criticar tanto las políticas emprendidas por el Gobierno central en materia de política social, como con el Ejecutivo autonómico. Especialmente duro se mostró con el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, con el que le fue imposible llevar adelante un plan de vivienda social que él mismo había diseñado y que el titular del departamento desdeñó y aplazó. De hecho en esta materia apenas si se ha hecho nada palpable.