El servicio jurídico de la Coordinadora en Defensa de la Bici (ConBici), a solicitud de su entidad representativa en Zaragoza, el Colectivo Pedalea, ha interpuesto un recurso de reposición frente al decreto firmado el pasado 18 de mayo por la responsable de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, en el que se establecían los llamados carriles calmados, que son secciones de la calzada por las que no se puede circular a más de 30 kilómetros por hora. Este recurso es un trámite previo a las acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y se presenta por lo que consideran una vulneración de los derechos de circulación para las bicicletas.

Desde Pedalea denuncian que el decreto ha creado una nueva tipología de carriles, que vienen a ser una suerte de «reservados para todos menos para las bicicletas». Es decir, lejos de favorecer la circulación de bicicletas por estos carriles calmados, «lo que ha hecho ha sido restringir sus movimientos al prohibirles circular por todos los demás, haciendo un uso torticero del concepto carril reservado». Según Pedalea, una básica interpretación de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial deja claro que este tipo de carril «está pensado para todo lo contrario: permitir reservar carriles para algún tipo de vehículo frente a los demás, como sucede por ejemplo con el carril bus».

Esta decisión, continúan desde Pedalea, incide gravemente en la seguridad de quienes se desplazan en bicicleta, ya que les obliga a realizar maniobras peligrosas para esquivar coches en doble fila, irrumpiendo en los carriles contiguos —ahora prohibidos para las bicicletas— . Por tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza «ha creado una situación de riesgo para la bicicleta, que antes de la firma del decreto no existía».

El recurso pide la nulidad del decreto porque con él «se modifica una ordenanza, lo cual es competencia del pleno municipal y no de una concejala. No ha habido derecho de audiencia ni información pública ni debate con los grupos municipales, como corresponde si se pretende una modificación de este calibre, que introduce una prohibición inédita en el ordenamiento jurídico».