El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y un juzgado de Igualada (Barcelona) han detectado el vertido de varios miles de litros de residuos tóxicos de origen industrial en un paraje de los Monegros situado entre Fraga y Candasnos. Según pudo saber este periódico, la investigación arrancó en el mes abril y se centra sobre una empresa peletera de la zona de Igualada que podría estar deshaciéndose de grandes cantidades de ferrocianuro, un compuesto de alta toxicidad que se usa en el curtido de la piel.
Tras un seguimiento en el que participaron agentes de Barcelona y Lérida, el Seprona de Huesca interceptó hace tres meses un camión cisterna que estaba vertiendo más de 10.000 litros de este compuesto entre Fraga y Candasnos. El conductor del vehículo aseguró desconocer qué carga transportaba cuando fue interrogado por los agentes. Sin embargo, los análisis efectuados por la delegación de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología, remitidos ya al juzgado, han confirmado la presencia de una sustancia que, casi con total seguridad, es ferrocianuro. Las posteriores investigaciones del Seprona atribuyeron el origen de los residuos a la empresa peletera.
ELEVADA TOXICIDAD Los análisis de Toxicología han confirmado que el nivel de toxicidad del líquido que transportaba la cisterna es susceptible de provocar daños ambientales de entidad, si bien quedaría por determinar el volumen total de los presuntos vertidos tóxicos.
La Guardia Civil sospecha que la compañía habría depositado residuos en otros parajes monegrinos, ya que los seguimientos efectuados por el Seprona de Huesca incluyen la grabación en vídeo de otros vehículos sospechosos de haber transportado líquidos tóxicos desde hace más de seis meses.
La investigación tiene pendiente de determinar si bajo el terreno de secano en el que fue localizado el camión existen acuíferos o pozos de agua dulce que hayan podido resultar contaminados.
El juzgado de Igualada está ultimando los trámites para iniciar las detenciones de los presuntos responsables. A pesar de que la empresa sospechosa es una persona jurídica, la actuación iría dirigida hacia los responsables de la gestión.
