La entrada del PP-PAR en el Gobierno de Aragón desembocó en un aluvión de denuncias por supuestas irregularidades en la puesta en marcha de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), el proyecto estrella del PSOE de Marcelino Iglesias. Hasta 11 causas diferentes se abrieron en los juzgados, si bien solo la pieza principal, el caso saqueo, ha acabado en la condena de buena parte de los acusados. En concreto, 18 de 25.

Entre los absueltos destaca el que fuera vicepresidente socialista, Carlos Escó, el único político de todo este asunto y que hasta el momento, y a falta del único caso que tiene pendiente (paralizado desde hace tiempo en instrucción, y con visos de archivo definitivo), ha salido indemne de todos ellos.

La condena de la causa principal demuestra que la corrupción existió -nadie se aviene a pagar 50 millones de euros, de momento, sin motivo-, pero la decisión judicial también la saca del ámbito estrictamente político. Y salió cara, tanto por lo que ha quedado probado que se pagó indebidamente como por el descrédito que ha sufrido la gestión del macroproyecto. Probablemente nunca se pueda calcular las empresas que han pasado de largo para no ver su imagen relacionada con estos casos, aunque parece que el pulso se está recuperando y quizá el cierre definitivo de la causa permita pasar página definitivamente, también a nivel empresarial.

Absoluciones y archivos

Hasta llegar a la resolución definitiva de esta causa principal, el resto de casos habían ido siendo sistemáticamente archivados o sus implicados absueltos. Así sucedió con el caso Plaza Center, por los supuestos sobrecostes en dos edificios de Plaza, que fue archivado por lo penal. El mismo caso fue juzgado por lo civil, y Agapito iglesias salió absuelto, como ahora. Y aún hubo una tercera derivada, por una presunta factura falsa hallada por los letrados de la DGA durante la preparación del recurso, de la que el constructor soriano salió igualmente indemne.

Diversos juzgados zaragozanos pusieron el foco en otros sobrecostes como las naves de Caladero, la compra de cuadros por parte de la Fundación Plaza o la tramitación excesivamente rápida de la adjudicación del apartadero ferroviario y los terrenos de reserva de crecimientos del polígono, pero no hubo pruebas para llevarlos a juicio.

Los que sí llegaron, acabaron sin culpas. Así ocurrió con el caso pagarés, por sobrecostes en unas naves de Autocity, en el que el Supremo acabó por no ver delito alguno. Y el más llamativo, el caso karts, en el que un empresario reconoció haber pagado una comisión ilegal al exgerente Ricardo García Becerril porque le comprase sus terrenos, pero el jurado absolvió a todos al considerar que era la palabra de uno contra la del otro.

Por ahora solo quedan dos causas abiertas, que se sepan. La primera, otro caso de sobrecostes por vía civil, que inició el Consejo de Administración de Plaza pero del que nunca más se supo. Y el caso paraísos, en el que están implicados Escó, Agapito Iglesias y el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez Cervantes. Una investigación sobre el destino del dinero de otras causas que lleva tiempo inactiva en el juzgado.