El presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, compareció ayer por primera vez en las Cortes desde que tomó posesión de su cargo, y lo hizo para defender uno de los informes más polémicos de cuantos ha realizado el ente fiscalizador autonómico: el del Instituto Aragonés del Agua en el 2015 y, especialmente, el modelo de saneamiento, por el que hay pendiente una comisión de investigación que --como ya advirtieron las diputadas de IU, Patricia Luquin, y Podemos, Marta de Santos-- recurrirá frecuentemente a este informe. Peña reiteró las conclusiones de ese documento, en el que se señala que el modeo de concesiones del sistema de depuración «era inviable» en un momeno de crisis económica.

Durante su intervención, Peña destacó que la comunidad autónoma no ha cumplido «en toda su extensión» las obligaciones adquiridas en el 2008, cuando el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno aragonés firmaron un convenio de encomienda de gestión para ejecutar las obras de depuración del Pirineo y la financiación de actuaciones de abastecimiento, saneamiento, restauración de riberas y prevención de contaminación de las aguas. Optó por un modelo de concesión que dejó numerosas obras por hacer, por lo que en estos momentos no llegan a 300 las depuradoras puestas en marcha de las mil previstas.

En este sentido, Peña alertó de que sería «un problema gravísimo» si hay que devolver al Estado 117 millones de euros que debían haberse invertido en estas obras, que nunca llegaron a hacerse.

Eso sí, advirtió de que si se deben devolver, también habrá que devolver al Estado las competencias de depuración, ya que recordó que son de ámbito estatal. El Estado solo construyó las depuradoras de Jaca y Sabiñánigo. Para Peña, hay que asumir «el bochorno» de que sigan sin ejecutarse obras consideradas de interés general, ya que la depuración es uno de los objetivos del Estado para cumplir además con las normativas europeas.

INCONTABILIZADOS

«Solamente hay errores gravísimos en el registro del inmovilizado, el resto de la contabilidad de organismo está correctamente gestionada», avanzó en su intervención el responsable de este órgano fiscalizador, quien consideró esto como un hecho «gravísimo», ya que hay 350 millones de euros «incorrectamente omitidos o incontabilizados». Eso sí, señaló que no se han percibido «desviaciones de fondos», puesto que el dinero se invirtió a obras adicionales que figuraban en el convenio de gestión firmado entre Aragón y el Gobierno central.

También se refirió a la plantilla del Instituto Aragonés del Agua, que consideró que no cumple todos los criterios y eso debería mejorarse.