La negativa de un conductor a someterse a una prueba de alcoholemia puede comportar un delito de desobediencia grave a la autoridad, castigado con penas de seis meses a un año de prisión según el artículo 380 del Código Penal. Si el resultado de la prueba es positivo, el vehículo queda inmovilizado hasta que el conductor afectado reduzca los niveles de alcohol a límites permitidos o personal autorizado retire el coche. Según el grado etílico detectado, las sanciones oscilan entre 450 y 600 euros y, además, conllevan la retirada del permiso de conducir por un periodo que varía de uno a tres meses. Durante el año 2003, ningún conductor rechazó someterse a pruebas de alcoholemia en los controles de la Policía Local de Zaragoza.
