UGT teme que la próxima licitación de la contrata de limpieza sanitaria del Gobierno de Aragón pueda suponer una «precarización y disminución» de los puestos de trabajo. Tras reunirse en Zaragoza con trabajadores del sector, el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, aseguró este lunes que lo que se conoce del prepliego del concurso «nos preocupa mucho» y advirtió al Departamento de Sanidad de la DGA de que su organización lo impugnará «si no reúne las condiciones legales» marcadas por la ley de contratos del Estado.
Así lo señaló en la rueda de prensa ofrecida, acompañado por el líder de UGT Aragón, Daniel Alastuey, con motivo de la visita realizada en Zaragoza, donde ha visitado las instalaciones de la empresa logística Sesé y ha mantenido un encuentro con los cuadros de la organización sindical en la comunidad.
Sobre el servicio de limpieza sanitaria, recordó que el salario «no debe de formar parte de las plicas» de la licitación a efectos de valoración económica, ya que debe ser «neutro», según la legislación estatal en esta materia. En este sentido, consideró fundamental en este y cualquier concurso público, «que se diga cuantos trabajadores fijos tienen que tener las empresas». «Si no se hace o se utilizan eufemismo como horas de trabajo, las situaciones que se generan son de una temporalidad absolutamente insoportable», argumentó.
«El Estado no pueda continuar trasladando parte de los recortes presupuestarios a las costillas de los trabajadores de los sectores subcontratados por la Administración», enfatizó Álvarez. En este sentido, hay un intento «permanente de rebajar las cuantías de los pliegos y eso va en detrimento de la calidad del servicio, en este caso de la limpieza de los hospitales, que no es cualquier cosa».
Pliego "leonino"
«No se puede —criticó— estar cada día rindiendo homenajes a las personas que han estado en la primera línea de la lucha contra el covid, como las compañeras de limpieza de los hospitales, y luego sacar un pliego de condiciones del servicio absolutamente leonino. Ya se sabe que es va a ir a costa de las condiciones del trabajo y la calidad del servicio».
Sobre esta cuestión, Alastuey también consideró que en esta licitación «el criterio que va a tener más peso será el económico», algo que va en contra del objetivo de homologar las condiciones laborales con el personal sanitario, por lo que exigió que la contrata detalle el número de puesto se necesitan y a partir de ahí las empresas presenten sus ofertas para que se adjudique «en función de las mejoras del servicio que ofrezcan».
El líder de UGT consideró que el ejemplo de este colectivo pone de relieve la necesidad de que en el negociación con el Gobierno para «revertir» aspectos de la reforma laboral se hable no solo de las empresas privadas, sino también aquellas que trabajan para el sector público. Los diferentes gobiernos y administraciones son, aseguró, «los causante de una parte importantísima de la precariedad laboral que hay en nuestro país, seguramente el 40%». Por este motivo, agregó, «es trascendental de predicar con el ejemplo y que mejor que hacerlo en el Consejo de Ministros».
Por otra parte, Álvarez repasó las demandas que motivaron la jornada de movilizaciones convocada junto a CCOO el pasado 11 de febrero, como reactivar la mesa de diálogo social para «derogar los aspectos más lesivos» de la reforma laboral del PP del 2013, volviendo a la negociación «en el punto en que la dejamos» en marzo del 2020, cuando se suspendió por la pandemia.
Limitar los eres y subir el SMI
«Hay temas no pueden esperar, porque los convenios no ha parado de caducar y decolgarse de los sectoriales ni hay prórrogas que impida hacer los eres. Hay que volver a causalizar el despido colectivo», defendió. También consideró inaplazable la subida del salario mínimo interprofesional —«no hay ninguna razón económica para no hacerlo»— y señaló que uno de los sector donde más impacta esta medida es el sector agrícola, que ha crecido un 6% en plena pandemia.
Si no se atienden estas reivindicaciones, apuntó, las movilizaciones irán «en sentido creciente». «Nos sirvan para que el Gobierno tenga presente que hay que dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Nos consta que lo tiene, pero todo el mundo presiona», aseveró.
Aunque aplaudió al Gobierno por el escudo social puesto en marcha frente a los efectos de la pandemia, consideró urgente el impulso de nuevas medidas para las «centenares de miles de personas que tienen muchas carencias en nuestro país», con soluciones que no sean de «un sistema caritativo sino de derechos». En este sentido, abogó por una mayor flexibilización de las condiciones de acceso al ingreso mínimo vital (IMV), puesto que solo ha llegado a «un tercio de los que los que lo piden», con fórmulas que permitan la revisión de las solicitudes con «carácter retroactivo» ante la emergencia social que existe.
