El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, ha elevado de 860 a 900 millones la horquilla de recorte presupuestario que habría que hacer en los presupuestos del año que viene si el Gobierno central no adopta medidas como mantener los fondos incondicionados o relajar el objetivo de déficit del 0% al 2,5%. Una situación que, según advirtió el presidente Lambán la semana pasada, pondría en serio peligro el mantenimiento de los servicios públicos básicos.
Pérez Anadón ha insistido, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón (celebrada en el salón de plenos para mantener las distancias), en que sobre las cuentas que están preparando, y para las que las consejerías ya le han pasado sus previsiones de ingresos y gastos, pesa una gran "incertidumbre" y que tendrán que ser "flexibles" para adaptarse a los cambios de ingresos o gastos que puedan venir, tanto de Europa como del Estado. Parte de ellos espera que se resuelvan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el presidente Pedro Sánchez se comprometió a convocar antes de final de mes.
El consejero ha ampliado también el horizonte temporal de las estrecheces económicas que tendrá que pasar la comunidad. Porque, ha recordado, los actuales ingresos provenientes del Estado están "dopados", derivados de unas previsiones de ingresos que subían un 1% y que, claramente, no se van a cumplir con el covid-19. Lo cual provocará que en el 2022, cuando se ajusten las cuentas, Aragón y el resto de comunidades no solo recibirán menos sino que tendrán que devolver dinero para cuadrar la deuda con el Estado. En esto ha mostrado el agradecimiento al Gobierno central, porque igual que los 16.000 millones que repartió a fondo perdido, "no tendría por qué hacerlo".
El consejero ha apostado por aumentar la deuda a corto plazo para poder afrontar los dispendios del covid-19 para luego establecer un plan de ajuste "a medio plazo" que encarrile el "déficit estructural" del que adolecen muchas autonomías. Pero con un objetivo "realista", porque si solo cumplen los objetivos las comunidades con un régimen fiscal privilegiado, como País Vasco, Navarra o Canarias, "por algo será", ha razonado. Pese a que Aragón, ha defendido, tenga mejores perspectivas en la caída del PIB de este año, incuso de un 9% frente a un 12% estatal.
PREVISIÓN CONSERVADORA
El diputado de Ciudadanos José Luis Saz, que había solicitado la comparecencia, ha reconocido la mejor situación de Aragón, pero de forma muy ilustrativa ha señalado que "caer desde el piso 9 o desde el piso 12 de un edificio, al final, igual te da", será mortal de todas formas, económicamente hablando. Por eso ha instado a realizar unas previsiones "conservadoras" entre los distintos escenarios que se barajen, habida cuenta de que las que había hecho el Gobierno central inicialmente fueron tumbadas por Europa. No se puede adivinar la evolución del virus, ha admitido, pero otros países "han sido más prudentes, y han estado más acertados", lo cual es "la regla de oro presupuestaria".
Por parte del PP, Carmen Susín ha afirmado que la "incertidumbre" y la "flexibilidad" es donde mejor se mueve Pérez Anadón, vinculándolo a la "opacidad" que, a su juicio, mantiene el Gobierno de Aragón desde marzo, cuando dio el presupuesto por invalidado y comenzó a actuar por decreto-ley, dejando a la Cámara como mero validador de sus actuaciones. Además, le ha reprochado al consejero que eche la responsabilidad al Estado cuando "no hizo los deberes" el pasado curso, desviándose "nada menos que seis décimas" en el objetivo de déficit que tenía.
Desde IU, Álvaro Sanz ha apostado de nuevo por el gasto público como punta de lanza de la recuperación, y por una redistribución "más justa" de la carga fiscal. Es decir, subir los impuestos a los más ricos. Algo que Pérez Anadón descarta, considerando que "no tendría el efecto positivo que usted busca".
Los grupos que sustentan al Gobierno (PSOE, Podemos, CHA y PAR) han mostrado su apoyo al consejero y apostado por el mantenimiento de las políticas sociales, pidiendo todos un reparto "justo" de fondos estatales.
