La consejera de Educación, Mayte Pérez, ha anunciado que el Gobierno de Aragón recurrirá los autos del TSJA que obligan al departamento a mantener abiertas y concertadas las aulas de primero de Infantil en siete colegios, que pretendía cerrar en virtud del desarrollo del proceso de escolarización.

En declaraciones a los medios, la consejera ha reaccionado hoy a esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que ayer suspendió la orden dictada por el departamento el 12 de mayo en lo referido a la supresión de aulas de aulas de primero de Infantil en cuatro colegios (Sagrada Familia, La Anunciata, Cristo Rey y Teresianos del Pilar) y hoy ha hecho lo mismo con los centros Virgen de Guadalupe, San Gabriel de Zuera y Virgen de la Esperanza de Pina de Ebro.

La consejería aplicará y cumplirá los autos, y por tanto en las listas definitivas de alumnos admitidos en este proceso de escolarización en los siete colegios afectados aparecerán todos los niños que los habían solicitado en primera opción.

En virtud del resultado del proceso de escolarización, el Gobierno de Aragón anunció el pasado 12 de mayo el cierre de un aula en seis de los centros citados -todos menos el Sagrada Familia-, más una en el Santo Domingo de Silos-.

Estos se unirían a las otras seis que se pretendía dejar de concertar en función del proceso administrativo de renovación de conciertos, que se realiza cada cuatro años para la educación infantil, y que en este caso incluía al Sagrada Familia, además de al Calasancio, Escuelas Pías Santa Engracia, Santa Ana de Zaragoza, Santa Ana de Fraga y Escuelas Pías de Jaca.

La consejera ha querido dejar claro que una cosa es este proceso "administrativo" de renovación de conciertos, que se hace cada cuatro años para Infantil y cada seis para Primaria, y otra el proceso de escolarización, en el que para el próximo curso "más del 95 por ciento de los alumnos tendrán el colegio elegido en primera opción".

Ha sido un proceso de escolarización "normalizado", con la ratio de alumnos por profesor en su mínima histórica, en una apuesta por la educación de calidad, ha dicho Pérez.

A su juicio, hay que "equilibrar" la capacidad de planificar que tiene la administración educativa con la libertad de las familias, y el resultado arroja un dato "muy razonable".

El TJSA alega "razones de urgencia" para suspender de forma cautelar la decisión del Gobierno respecto a estos siete cierres que se producen en función del proceso de escolarización, en tanto en cuanto hoy se publican las listas definitivas de admitidos y dado que "siempre es posible su modificación o levantamiento cuando finalice el proceso de escolarización y siempre antes del inicio del curso 2017-2018", según los jueces.

Pero para la consejera, el proceso de escolarización "termina el día de antes de empezar el siguiente", teniendo en cuenta, según sus datos, que en Zaragoza, por ejemplo, cada curso hay 2.000 niños escolarizados fuera de plazo.

"Hemos sido honestos, mirando a los ojos a los responsables de la concertada y diciendo claramente lo que queríamos hacer, teniendo en cuenta el descenso demográfico y que se trata de una renovación a cuatro y a seis años", ha añadido.

Y ha considerado que lo "lógico" hubiera sido que al principio del proceso, cuando las familias pidieron sus plazas, viendo la demanda se hubiera podido tomar una decisión "para causar los menos trastornos posibles".

Los centros concertados, "que no lo han entendido", han "obligado" al Gobierno a hacer "otra cosa", ha lamentado.