La consejera de Educación, Mayte Pérez, ha reiterado su defensa de la "educación como derecho" frente al modelo del PP, que ha asegurado que es el de la "educación como negocio" y la "libertad para unos pocos", y ha lamentado que las decisiones judiciales impidan que el Gobierno planifique.

En la comparecencia, solicitada por el Grupo Popular para hablar del proceso de escolarización, que llega justo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya forzado al Ejecutivo vía medidas cautelares a continuar concertando 13 aulas cuyo concierto preveía no renovar, la consejera ha recordado que, de momento, no ha llegado ninguna sentencia firme.

Para Pérez, la raíz del problema está en la Lomce, una ley "segregadora" que ha "destrozado" la enseñanza pública, y en los diferentes modelos, el de la libertad como "bien supremo" frente al derecho, donde coloca a los populares, y el del derecho a la educación "como un fin en sí mismo", que es lo que debe garantizar un gobierno.

Además, ha señalado que la defensa de ese discurso de libertad es "perversa" y "tramposa", y ha preguntado dónde estaba esa libertad cuando las familias del sur de Zaragoza tenían que salir de sus barrios, con los más de mil profesores despedidos o con las 112 aulas públicas cerradas porque no las veían "viables".

Del mismo modo, se ha reivindicado como "consejera de todos los aragoneses", frente a las palabras del PP, ya que ha garantizado la igualdad de oportunidades a todos y no solo "a unos pocos" y, en solo dos años, ha conseguido que todas las familias puedan escolarizar a sus hijos en su barrio, todo ello con las ratios más bajas de la historia y 900 docentes más.

Pérez ha tachado también de "ejercicio de cinismo" y de "falta de respeto a la inteligencia de los aragoneses" que el PP acuse al actual Gobierno de saturar los centros del barrio de Romareda, cuando se han pasado de 13 a 26 vías en la zona y en la legislatura pasada solo construyeron "medio colegio".

"La libertad de las familias de Valdespartera debía ser de segunda o tercera", ha añadido.

Ha criticado también que los populares hablaran de "derroche" por la inversión y la apertura de aulas en la escuela pública.

Por su parte, la portavoz del PP en materia educativa, María José Ferrando, le ha recordado a la consejera una intervención en sede parlamentaria de octubre de 2014 en la que decía que "la contestación social es un síntoma del que los políticos deberían tomar buena nota", ante lo que ha preguntado por qué le servían esas palabras entonces y hoy le son "absolutamente inservibles".

Ha reprochado de nuevo a Pérez que haya sido "tan pródiga en los tribunales de justicia como nunca había ocurrido en la educación aragonesa" y ha relatado todos los choques que ha tenido el Departamento con los tribunales en estos dos años.

Asimismo, ha apuntado que lo que debería plantearse el Gobierno es por qué tantas familias prefieren la concertada y por qué hay tantos centros públicos con tan poca demanda.

Así pues, le ha pedido que "vuelva a empezar" y deje de ser "marioneta del sectarismo" del Gobierno, del "egoísmo" de algunos sindicatos y del "afán de protagonismo" de Podemos.

Carlos Gamarra (Podemos) ha sostenido que hay aspectos que deben mejorarse del proceso de escolarización, como mejorar la distribución equilibrada de niños con necesidades educativas especiales, pero ha responsabilizado de la saturación en algunas zonas al PP por no construir centros y favorecer "descaradamente" a la escuela concertada, mientras ahora montan un "jaleo" por dejar de concertar 13 aulas cuando deberían haber sido "muchas más".

Sobre las cautelares, ha asegurado que tiene la sensación de que la justicia "no es igual para todos", ya que esa misma sala del TSJA tardó dos años en pronunciarse sobre el cierre de aulas públicas y determinó que era la Administración la que tenía potestad para planificar.

La diferencia, ha insistido, es que "la patronal, los obispos y los partidos de la derecha" han estado detrás en esta ocasión.

La diputada del PAR María Herrero ha instado a no ser "tan sectarios" en educación y ha considerado que su partido "tiene que volver al Gobierno", ya que "se centran mucho".

Susana Gaspar (Ciudadanos) ha insistido en buscar soluciones a largo plazo y ha rechazado que los problemas de la educación en Aragón se solucionen cerrando aulas en la concertada o "tutorizando el proceso de escolarización".

Por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, Gregorio Briz, de CHA, ha recalcado que lo que subsiste del debate es que el PP quiere cerrar aulas en lo público y que la protagonista sea la privada concertada, porque "piensan que en la escuela pública somos unos rojos".

Del mismo modo, ha criticado lo que ha denominado como "complicidad colaborativa con el poder judicial" y ha preguntado "por qué no ponemos al juez decano de consejero de Educación".

Margarita Periz (PSOE) ha afeado la diferencia de trato que recibe la enseñanza pública desde la bancada de la derecha, así como que abrir aulas públicas sea "derroche", mientras que en la privada sea "defender la libertad".