La Guardia Civil considera que la trama generaba perjuicios tanto a la salud de los consumidores como a la economía. Los primeros, por desabastecer el mercado y por la posible falta de medidas de conservación y seguridad en la distribución ilegal. Los segundos, por la evasión de impuestos --lógicamente trabajan en dinero negro-- y la merma de ingresos de los laboratorios.
