El inminente traslado de las perreras municipales a la residencia canina Las Jaras, en La Cartuja Baja, ha reavivado el enfrentamiento que desde hace un año mantienen algunos vecinos de la cercana urbanización de Torre de Calvo con el propietario de las instalaciones, al que acusan de carecer de los permisos necesarios.

Sin embargo, tras las pegas planteadas inicialmente, las distintas administraciones, desde el Ayuntamiento de Zaragoza al Gobierno de Aragón, pasando por la Confederación Hidrográfica del Ebro, han acabado dando su visto bueno al proyecto.

"Cuando las perreras estén ocupadas en su totalidad, no habrá quien viva aquí", protesta Ania Olavide, que vive en uno de los cincuenta chalets de la zona residencial, construida sobre terreno rústico. "Los ladridos casi continuos, los malos olores y el riesgo de que entren a robar perros harán que Torre de Calvo se convierta en un lugar inhabitable".

Cuestión de distancias

Ania lleva casi un año oponiéndose con todas sus fuerzas a que Las Jaras, que tiene capacidad para 400 perros, se convierta en la adjudicataria de las nuevas perreras municipales, que en breve dejarán su actual emplazamiento en la Facultad de Veterinaria para trasladarse al moderno recinto de La Cartuja.

"Las Jaras es una instalación ilegal, que carece de permiso de apertura", sostiene Ania. "Además, incumple las leyes porque está a menos de 1.000 metros de un núcleo habitado y a menos de 200 del canal Imperial, que es Bien de Interés Cultural desde el 2000".

Pero un reciente informe de la Sección de Producción y Sanidad Animal, dependiente del municipio zaragozano, subraya que "las distancias al canal Imperial de Aragón no se consideran relevantes, por cuanto las instalaciones se encuentran en una cota inferior a la del cauce, lo que imposibilita la contaminación del agua por filtraciones".

"Las Jaras es una instalación perfectamente legal", subraya Miguel Yzuel Sanz, veterinario y responsable de la residencia canina, que en el 2003 ganó el concurso convocado por el ayuntamiento para la concesión del servicio de perrera.

"El problema --agrega Yzuel-- lo tiene la urbanización, pues muchas de las construcciones son ilegales, ya que están levantadas sobre terreno agrícola, no tienen red de vertidos y carecen de cualquier tipo de permiso oficial".

El propietario de la guardería canina, que está a una quincena de metros del cauce del canal Imperial, considera que "los robos de ejemplares de razas agresivas que tanto temen los vecinos será difícil que se produzcan, porque la residencia está vigilada las 24 horas".

Precisamente, los continuos robos en las perreras de Veterinaria de pit bulls y rottweilers para dedicarlos a peleas caninas ha sido, junto al deficiente estado de las instalaciones, una de las causas de su traslado a La Cartuja. "Nos da miedo que aquí vuelvan a robar perros agresivos y que alguno de ellos se quede vagando por la urbanización", afirma Ania Olavide.

Las Jaras destinará el 25% de su espacio, cien plazas, a los perros procedentes de las perreras municipales. Pero Ania no se da por vencida y anuncia que "antes de que eso suceda, emprenderemos acciones legales contra la DGA y contra el ayuntamiento".